La Comunidad de Madrid ha declarado desierta la licitación mediante procedimiento de negociado sin publicidad del contrato de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid, ya que la oferta recibida no se ajusta a los criterios establecidos en los pliegos.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha publicado este viernes en el Portal de Contratación Pública la orden por la que se declara desierta la licitación del contrato, en la que se alega la falta de documentación requerida.
Desde el Ejecutivo regional ya se ha comunicado por escrito la decisión a la UTE formada por Iridium Concesiones de Infraestructuras --participada al 100% por ACS Actividades de Construcción y Servicios-- y Acciona Concesiones y única licitadora que había presentado su propuesta el pasado mes de febrero.
En concreto, la Mesa de Contratación, formada por seis funcionarios que han estudiado el expediente, ha determinado que la oferta no cumple con lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En este sentido, «la UTE no aportó un programa económico que incluyera todos los parámetros y partidas mínimas contenidas en el programa económico base de la licitación».
El valor estimado del contrato sería de 2.847.986.667,47 euros y contempla la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid, unos terrenos en Valdebebas donde la Comunidad quiere concentrar los 356 órganos judiciales dispersos en 28 inmuebles de la ciudad de Madrid.
Tras esta decisión, el Gobierno regional ha apuntado que buscará «la mejor vía para reunificar las sedes judiciales y lograr una gestión más eficiente de los recursos a disposición de la Administración de Justicia».
El pasado agosto, se abrió el plazo para la concesión del contrato, que en el mes de noviembre de 2022 se declaró desierto al no haberse recibido ninguna oferta económica. Entre otras causas, se alegó la subida de los tipos de interés; la inestabilidad económica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento de la energía; así como la situación generalizada de incertidumbre en el ámbito internacional.
El proyecto
La citada UTE fue la única que presentó una propuesta en la licitación mediante procedimiento de negociado sin publicidad del contrato de concesión de obras. La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años.
El canon ascendía, como máximo, a 49,3 millones de euros --más IVA--, cantidad que no será sometida a revisión y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Fuentes regionales detallaron entonces que la aportación pública nunca superaría los 2.100 millones de euros.
Además, esta cuantía solo sería examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondría para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.
Esta gran infraestructura se convertiría en el principal hito del Plan Justicia 21x21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que daría servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
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