La candidata de Adelante Andalucía, Pilar González, en una imagen de archivo. | ADELANTE ANDALUCÍA

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Adelante Andalucía ha anunciado este martes que llevará al Congreso de los Diputados la ilegalización de la organización Desokupa, iniciativa que ha decidido incluir en su programa para las elecciones a las Cortes Generales de 23 de julio.

Su candidata al Congreso por la circunscripción de Cádiz, Pilar González, se ha preguntado sobre Desokupa que «si se atreven a hacer eso con un presidente del Gobierno, ¿qué no se atreverán a hacer a una persona vulnerable sin el foco público?», según una nota de este partido.

Desokupa ha protagonizado una de las polémicas de la semana colgando una lona en Madrid llamando a desocupar el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a quien conmina a que se vaya a Marruecos, por lo que se ha lamentado de que «utiliza el odio, la discriminación y la violencia contra personas vulnerables para sacar beneficio económico».

Adelante Andalucía ha sostenido que «con una modificación de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, podrían ilegalizar las empresas de desocupación con multas de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica».

La formación andalucista ha precisado que su iniciativa no se trata de una defensa de la ocupación, aunque sí ha demandado que «se pongan todas las vías posibles en materia de vivienda para que nadie pueda ni necesite ocupar una casa y nadie tenga que recurrir a empresas que incurren en ilegalidades y en prácticas violentas».

Adelante Andalucía ha denunciado «las campañas de fake news que partidos y organizaciones de extrema derecha llevan lanzando desde hace años» sobre este tema, de manera que «fomentan un miedo ante un fenómeno muy minoritario», por cuanto ha argumentado que «ya han explicado jueces de reconocido prestigio que las ocupaciones no se dan en viviendas habituales ni en segundas viviendas, solo se dan en la inmensa mayoría de los casos en viviendas que llevan años vacías propiedad de bancos, fondos de inversión o públicas».