La Audiencia Provincial de Alicante ha juzgado este miércoles a cinco hombres, en dos juicios distintos, acusados de traer migrantes desde Argelia en dos pateras y de poner en peligro la vida de los ocupantes, 43 personas en una y otras diez en la segunda. De ellas, uno ha aceptado cumplir tres años de prisión mientras que el resto han aceptado dos.
En dos de estos últimos la pena ha quedado suspendida mientras que los otros dos han solicitado también la suspensión, a la que el fiscal no se ha opuesto, y están a la espera de la decisión del tribunal.
Ambos juicios se han celebrado este miércoles a la misma hora, en la Audiencia de Alicante. En uno de ellos, el fiscal pedía una pena de prisión de seis años de cárcel para el patrón de la embarcación y cinco años para las dos personas que le auxiliaban.
El abogado de los tres acusados, José Soler, ha explicado que han llegado a un acuerdo de conformidad con el que se han rebajado las penas a tres años para el patrón de la embarcación y dos para los otros acompañantes. Por ello, los tres han reconocido los hechos y se ha dictado sentencia.
A los dos auxiliares, al no tener antecedentes penales y por no superar la pena los dos años de prisión, se les ha suspendido la condena sin ninguna condición, por lo que saldrán en libertad a lo largo de este miércoles.
La Fiscalía acusaba a los tres --de nacionalidad argelina-- de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por dirigir una embarcación de madera con diez ocupantes, además de ellos tres, desde las costas de Argelia hasta la zona de Calp (Alicante), donde fueron rescatados.
Los tres procesados y las diez víctimas partieron el 6 de noviembre de 2022 desde la localidad argelina de Tipasa en una embarcación de cinco metros y medio de eslora que «navegaba con evidente sobrepeso de carga, por lo que puso en peligro la vida de los ocupantes», según la acusación pública.
Asimismo, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, los procesados actuaron con la intención de introducir de forma ilegal en España a las diez personas, por las que habrían cobrado unos 1.200 euros por tripulante.
Embarcación con 43 ocupantes
Por su parte, en el otro juicio, Fiscalía pedía provisionalmente cinco años de prisión para los dos acusados, patrones de una embarcación con 43 ocupantes que también partió desde Argelia. Sin embargo, finalmente también han alcanzado un acuerdo de conformidad, con una rebaja hasta los dos años de cárcel y los procesados están a la espera de la decisión sobre la suspensión de la pena, aunque los letrados de cada uno de ellos son «optimistas» al respecto.
El abogado de uno de los procesados, Antonio Pradas, ha señalado que han solicitado al tribunal la suspensión de la pena de dos años de cárcel, a la que «en principio, el fiscal no se ha opuesto», aunque ha añadido que será el tribunal quien lo decida.
«Tenemos confianza en que se suspenderá. La pena está condicionada a hacer trabajos en beneficio a la comunidad o cualquier otro tipo de colaboración social, que se determinarán por el tribunal en la ejecución de sentencia», ha resaltado. Por el momento, los acusados volverán a prisión hasta la decisión del tribunal.
Asimismo, Pradas ha apuntado que este tipo de delito no contempla la expulsión del país y ha señalado que deberán iniciar los trámites para regularizar su situación en España.
Por su parte, la abogada del otro acusado, Rocío Hidalgo Molina, ha añadido que la suspensión de la pena está condicionada, además de a los trabajos en beneficio a la comunidad, a que no cometan ningún tipo de delito en tres años. En caso de delinquir, cumplirían los dos años de esta condena y se sumarían a la pena del otro delito.
«Hay una satisfacción absoluta. Pensábamos que era casi imposible esa conformidad, los clientes incluso han llorado», ha resaltado la letrada, al tiempo que ha calificado el acuerdo de un «éxito».
El barco en el que viajaban los dos acusados --de origen kurdo-sirio-- fue localizado el 11 de abril de 2023 a una milla del Puerto de Alicante con 43 ocupantes, que habían pagado entre 7.000 y 8.000 euros a una organización dedicada al tráfico de seres humanos, de la que también cobraban los procesados, según el relato de la Fiscalía.
La acusación pública mantiene que la embarcación había salido un día antes de las costas de Argelia y había recorrido unas 150 millas. El Ministerio Público les acusaba de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y mantenía que en el trayecto se puso en peligro la vida de los ocupantes del barco debido a la «falta de las más mínimas normas de seguridad e higiene en la embarcación».
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