La Operación 'MODRI' se inició a raíz de una denuncia interpuesta hace un año por un particular por un presunto delito de estafa en inversiones de criptomonedas a través de una plataforma web. El denunciante manifestó haber sido contactado telefónicamente por unas personas que decían trabajar como brokers en una empresa de inversiones en criptomonedas, quienes le ofrecieron el retorno de una cantidad considerable de beneficios si invertía en su plataforma de inversiones.
El denunciante comenzó haciendo inversiones de cantidades pequeñas y pudo comprobar, aparentemente, cómo en la web de la empresa sus beneficios aumentaban de forma exponencial, motivo por el cual fue aumentando paulatinamente la cantidad de dinero invertido, el cual llegó a alcanzar los 30.000 euros.
Cuando vio que sus beneficios habían alcanzado una cantidad considerable cercana a los 90.000 euros, se puso en contacto con los comerciales de la empresa con el fin de iniciar los trámites para poder acceder a estos beneficios y al rescate de su inversión.
Sin embargo, éstos comenzaron a ponerle excusas con el fin de evitar que esto ocurriera o, al menos, demorarlo todo lo posible, poniendo como condición para el rescate de su inversión el pago de unas tasas que ascendía a los 14.000 euros, cantidad inasumible por el denunciante. Finalmente, los autores de los hechos terminaron desapareciendo sin dar ninguna otra alternativa.
De las gestiones practicadas por el Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Guardia Civil de Valencia, se pudo establecer que la plataforma web tenía un dominio geográfico establecido en las Islas Coco, indicando términos y condiciones de aplicación legal del Reino Unido, si bien se pudo comprobar que se encontraba gestionada por una empresa creada a tal efecto en Estonia, siendo los ingresos del capital social de la empresa dirigidos a una cuenta residenciada en Lituania. Todo ello con la finalidad de dificultar la labor de los investigadores.
Continuada la investigación, gracias a la colaboración judicial internacional, se pudo llegar a establecer la participación de una empresa establecida en Estonia que habría sido vendida a una persona de nacionalidad chipriota, quien sería además del director de la organización, el responsable del manejo y control de todas las cuentas bancarias y de las direcciones de criptomonedas, no existiendo ninguna duda acerca de su real participación en los hechos.
Los investigadores han sido capaces de identificar un total de 15 cuentas bancarias en diversos países (Malta, República Checa, Lituania, Bulgaria y Reino Unido) y una cuenta de usuario en uno de los principales exchangers de criptomonedas.
Del estudio de las diversas cuentas bancarias y de la cuenta en el exchange de criptomonedas, han podido ser identificados un total de 57 perjudicados en territorio nacional y lo estafado a estas personas asciende a los 610.000 euros. No obstante, al existir numerosos perjudicados en diferentes países, la suma total de lo estafado alcanza un valor superior a los 2,5 millones de euros.
De las gestiones realizadas y gracias a los mecanismos de Cooperación Judicial Internacional, se ha podido lograr la identificación del autor de los hechos: un hombre de nacionalidad chipriota. Además, se ha conseguido identificar a otras tres personas como presuntas colaboradoras de los hechos. En total son cuatro las personas relacionadas con estos hechos: de 29, 35 y otras dos de 48 años, tres hombres y una mujer de nacionalidades chipriota y estonia. Al detenido se le atribuyen 57 delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrent.
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