El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha celebrado este jueves la segunda sesión del juicio destinado a resolver la reclamación de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden, en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
En concreto, ha testificado en primer lugar una funcionaria de la Junta de Andalucía, ingeniera de montes y miembro de la Oficina de Restauración creada por la Junta de Andalucía, para coordinar las labores de restauración medio ambiental ante dicho macro vertido.
Hablamos, en ese sentido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, espacio protegido como Patrimonio Mundial.
Esta ingeniera ha rememorado el «pánico» social despertado por la catástrofe medioambiental, recordando las llamadas de ciudadanos consultando si era seguro bañarse en las playas de la costa onubense o consumir determinados alimentos cultivados en el área de influencia de la mina, así como el empeño de la Junta por «mitigar» ese impacto social.
Actuaciones "urgentes"
A tal efecto, mientras según el letrado de Boliden-Apirsa, la demanda de la Junta incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios» a juicio de la entidad, esta ingeniera ha expuesto que «todas» las actuaciones promovidas para la recuperación ambiental de la zona tenían el carácter de «urgente» dada la situación.
También ha reconocido, como hiciera Javier Serrano Aguilar, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración; que la Administración compró a los propietarios de los terrenos afectados por el vertido «partes» de sus fincas que no habían sido alcanzadas directamente por los lodos contaminantes, exponiendo en ese sentido que se trataba de titulares que dada la afección de sus suelos de cultivo, ya no estaban «interesados» en continuar con la actividad agrícola o que ya estaban al borde de la jubilación.
Serrano Aguilar, en su comparecencia, había precisado que en fincas cuyo 90 por ciento de superficie había resultado afectado por el vertido, por ejemplo, el diez por ciento restante era igualmente adquirido o expropiado por la Junta, porque para los dueños de los suelos no resultaba ya viable continuar con la actividad agrícola con un área mínima de cultivo. Eran suelos que en su conjunto, según indicaba, habían «perdido la vocación agrícola».
Los laboratorios de la junta
También ha comparecido un técnico de la que fuera Empresa de Gestión Ambiental (Egmasa) de la Junta de Andalucía, quien igualmente trabajó en la Oficina de Restauración y se encargaba del diseño de los muestreos y análisis y de interpretar los resultados, quien ha precisado que «el 99 por ciento» de los análisis encargados para los trabajos de recuperación ambiental recayeron en los laboratorios de calidad de la propia Junta de Andalucía, que «cobraban» por tales trabajos.
Ha expuesto además que las partidas económicas de estos análisis no estaban destinadas a la compra y conservación de materiales, matizando eso sí que los laboratorios encargados de los mismos tenían que adquirir materiales para realizarlos.
Del mismo modo, ha justificado la realización de análisis en suelos no afectados por el vertido, señalando la necesidad de contar con referentes de proximidad con los que cotejar los «niveles» de contaminación de los terrenos alcanzados por el vertido.
Por último, ha comparecido un ex jefe de servicio del área de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, quien ha defendido la restauración forestal y la plantación de nuevo arbolado como instrumento contra la contaminación, dado el poder de «absorción» de las plantas ante los arsénicos, por ejemplo, detallando que las plantas usadas para la repoblación fueron cultivadas por la Junta y apenas habrían procedido de viveros privados.
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