El PAR pide estudiar la declaración de zona catastrófica en Zaragoza y Teruel tras los graves daños por agua y granizo. | Europa Press

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El Partido Aragonés (PAR) ha pedido que se estudie la solicitud de declaración de zona catastrófica en las zonas afectadas por la fuerte tromba de agua y granizo que ha provocado afecciones graves, este jueves por la tarde, en varias zonas de las provincias de Zaragoza y Teruel.

Las declaración como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil --antes denominada declaración de zona catastrófica-- supone la aplicación por parte del Gobierno central de determinadas medidas para la recuperación y compensación de los daños.

El presidente del Comité Municipal del PAR de Zaragoza, y candidato al Senado por esta provincia, Jesús Martín, ha instado al Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza a que valoren los daños públicos y privados ocasionados y soliciten dicha declaración al Consejo de Ministros.

En una nota de prensa, el PAR ha detallado que los graves efectos provocados por la enorme tromba de agua y granizo de este jueves, 6 de julio, en Zaragoza y Teruel han sido muy cuantiosos. Martín ha mostrado su solidaridad con todos los afectados y ha expresado su preocupación por la magnitud de los daños que se han producido tanto en algunos barrios de la zona sur de la ciudad de Zaragoza, como Parque Venecia, en localidades aledañas, como Cuarte de Huerva y otras de la provincia de Zaragoza, e incluso otras localidades del norte de la provincia de Teruel, como el entorno de Alcañiz.

«Las imágenes dantescas que hemos podido conocer nos presentan un panorama pavoroso, con avenidas y calles de la ciudad de Zaragoza convertidas en auténticos ríos, coches flotando, elementos de mobiliario urbano afectados, locales y superficies privadas inundadas e, incluso, rescates de personas atrapadas en el techo de sus vehículos o agarradas a árboles», ha contado el dirigente del PAR.

En diversas localidades de las provincias de Zaragoza y de Teruel, ha continuado, ha sido el sector agrario el más afectado, con daños en las zonas del Bajo Aragón, Calatayud y Cariñena.

«Afortunadamente, no tenemos que lamentar daños personales, pero los daños materiales provocados por el agua y el granizo parecen muy cuantiosos en la ciudad y en algunas localidades. Por ello, llegado el momento de comprobar la extensión de los daños tanto en el campo, como en la ciudad, parece coherente estudiar si se cumplen los requisitos para solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica para los lugares afectados, de manera que la compensación y los arreglos necesarios se agilicen al máximo», ha indicado Jesús Martín.

Previsión normativa

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que, cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas en su capítulo V.

Dicho capítulo establece una Fase de Recuperación, integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia Los daños materiales habrán de ser ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado.

Las ayudas por daños materiales serán compatibles con las que pudieran concederse por otras Administraciones públicas, o con las indemnizaciones que correspondieran en virtud de pólizas de seguro, sin que en ningún caso el importe global de todas ellas pueda superar el valor del daño producido.

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas, en este caso, Ayuntamientos y comunidad autónoma.