El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), ha interpuesto este miércoles una reclamación previa a la vía judicial contra la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por los «graves daños» en las infraestructuras de la playa de El Portil y requiere al Estado 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial, así como el arreglo de la playa.
Según ha indicado el Consistorio en una nota, antes de ello se ha reunido con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, y con el jefe del servicio provincial de Costa en Huelva, Gabriel Cuena, para comunicarles esta decisión, entre otros asuntos.
Así, apoyado en los informes de los Servicios Técnicos Municipales y de Secretaría, el primer edil le requiere al Estado que proceda a reparar los daños que ha sufrido esta playa desde el año 2017, debido a los temporales y otros fenómenos atmosféricos adversos, al tiempo que le exige una «responsabilidad patrimonial por su inactividad», valorada en 2,6 millones de euros, IVA incluido.
«La inactividad de Estado en el ejercicio de sus competencias desde 2017 ha hecho que los daños se agraven años tras año y nos está impidiendo ejercer nuestras competencias en esta playa como Ayuntamiento», ha señalado el alcalde, en referencia al artículo 115 d) de la Ley de Costa que especifica que «el Ayuntamiento debe mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad».
En definitiva, el alcalde pide a la Administración General del Estado «que hagan sus deberes para que nosotros podamos hacer los nuestros y se atienda de una vez por todas a los vecinos de El Portil». «La subsanación y reparación no está siendo atendida por el Estado, lo que ocasiona un daño tremendo a los vecinos de El Portil que no tienen el deber jurídico de soportar», ha añadido Hernández Cansino.
Según ha indicado, el referido informe de los Servicios Técnicos Municipales «describe y cuantifica los daños» y «aporta las soluciones técnicas». Los apartados de esta descripción incluyen la erosión y pérdida de arena, los daños estructurales en las pasarelas de madera de acceso a la playa, los daños en el firme y el pavimento de los viarios de acceso a la playa, y los daños en las infraestructuras y servicios de saneamiento y abastecimiento.
Por otro lado, el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento incluye la legislación aplicable para «exigir a la Administración General del Estado la responsabilidad patrimonial por los daños causados», que «no están estabilizados, sino que se agravan año tras año, debido a la inactividad y la conducta omisiva del Estado», recoge este documento.
Una de las primeras medidas que adoptó el alcalde a finales de junio fue el cierre de algunos de los accesos a la playa, «por la seguridad de los bañistas», ante «el peligro de su uso en el estado en que se encuentran». Es el caso de los accesos a la playa de las calles Cóndor y Alcotán. No obstante, se mantienen abiertos los de las calles Zorzal y Sauce porque estos «sí reúnen las condiciones de seguridad necesarias para su uso».
Por otro lado, este jueves comienza el desmontaje de la escalinata y la pasarela de la calle Alhelí que se va a reutilizar y trasladar al acceso de la calle Remo. Además, también se van a colocar dos pasarelas de madera reciclada en la calle Olivo.
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