El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha denunciado este martes que no haya medios necesarios para frenar la litigiosidad y ha exigido más jueces para paliar la lentitud «endémica» de la Justicia, que deja el año anterior en Madrid más de medio millón de asuntos sin resolver por el atasco judicial.
«Lo ideal serían 500 jueces más», ha estimado Rodríguez Padrón durante la presentación de la Memoria Anual del TSJM correspondiente al año 2022, un documento que ofrece un balance estadístico de la actividad de esta sede judicial y que refleja que el aumento de la litigiosidad en estos años no se ha visto acompasado de ninguna medida que ataje este incremento.
Al eco de la pandemia del covid, que afectó a "la velocidad de crucero de la Administración de Justicia, se suma la incidencia de las huelgas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y de funcionarios de Justicia.
Estos paros han reducido las esperanzas de rebajar la pendencia, arrastrada de años atrás y afectada por los pleitos masivos. El número de actuaciones suspendidas (juicios y diligencias) por los paros de los LAJs ascendió a 18.275, siendo la jurisdicción civil la que más incidencia sufrió.
«Esto supone un muro infranqueable de cualquier intento de recuperación. Si este balón se acumula al retraso anterior lleva a una situación en el sistema judicial verdaderamente preocupante», ha subrayado el magistrado, quien ha alertado de que los datos que contiene la Memoria exigen tomar «soluciones urgentes» porque «no pueden tolerarse en nuestro Estado de Derecho».
Medio millón sin resolver
En cifras, el número de asuntos ingresados en los juzgados madrileños aumentó un 5,9%, con 982.526; los asuntos resueltos se incrementaron en un 3,3%, con 949.857; mientras que los temas en trámite aumentaron un 10,6%, con 534.961.
En la Jurisdicción Civil, los asuntos ingresados alcanzaron los
462.847, con un incremento del 7% respecto del año 2021, y se
resolvieron 429.792 asuntos, un 5,4% más que en el año 2021. Mientras, en lo Penal, se registraron 407.904 asuntos, lo que supone un aumento del 4,4%, habiéndose resuelto 410.523, quedando en trámite 97.191, lo
que significa un 9,9% más que en 2021.
En la Contencioso-Administrativa se registraron 46.122 asuntos, con un incremento del 31,1% respecto a 2021 y en lo Social, ingresaron 65.653 nuevos asuntos, con una disminución del 6,1%.
Tras exponer los datos, el magistrado ha subrayado que estas cifras ponen de manifiesto «una tendencia de incremento continuo del número de asuntos de ingreso en los órganos judiciales madrileños». Sin embargo, lamenta que no se hayan puesto en marcha medidas para paliar el aumento de la litigiosidad.
«No hay medidas eficaces para acabar con la lentitud que se ha convertido en un problema prácticamente endémico. No se dispone de los medios necesarios ni de programas de inversión para superar esta situación», ha lamentado.
Cree el presidente del TSJM que esta situación debería provocar «una reacción por parte de los Poderes del Estado que tienen entre sus competencias la administración del interés general lo suficientemente firme como para evitar situaciones como la descrita, e incluso otras de dimensión cronológica inferior».
«Desgraciadamente, estas soluciones parecen excesivamente lejanas», ha lamentado y ha destacado que la creación de juzgados no es la solución, ya que a su juicio «la solución es aumentar el número de jueces». «No más juzgados, sino aumentar las plazas judiciales, que depende solo del Ministerio de Justicia y facilitaría acercarse al doble del volumen de resoluciones», ha abogado.
Estima que «lo ideal» sería que a los más de 800 jueces que hay en la Comunidad de Madrid se sumasen otros 500 para atender la sobracarga de trabajo que existe actualmente en los juzgados y tribunales madrileños.
De hecho, va más allá y plantea que se doblen los jueces en aquellos juzgados que sobrepasen el cien por cien del módulo de carga de trabajo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Algunos sobrepasan en un 400% la carga», ha denunciado.
Además, ha recordado que desde el TSJM ya se advirtió de que «esa política tradicional de creación de unidades judiciales de acuerdo con el diseño clásico de identificación con órganos no permitirá alcanzar la respuesta necesaria al volumen de asuntos que, año tras año, siguen engrosando los balances estadísticos de los juzgados y tribunales».
«Lo que se necesita con urgencia es una programación sostenida al menos a medio plazo de incremento del número de jueces en España. Todas las demás opciones no servirán de pronta solución al problema que padecemos desde hace tanto tiempo: la lentitud», ha señalado.
Creación de juzgados
En el presente ejercicio la Sala de Gobierno ha solicitado la creación de varios órganos judiciales por ejemplo, dos plazas de magistrado/a para constituir, junto a dos magistrados de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil; una nueva sección especializada en materia mercantil; o dos plazas de magistrado/a para la Audiencia de Madrid, con competencia en derecho de familia.
También se ha reclamado la creación de dos Juzgados de primera instancia en el partido judicial de Madrid; un Juzgado de primera instancia en Alcobendas; un Juzgado de primera instancia e instrucción en Arganda del Rey o un juzgado de primera instancia en Madrid.
Entre otros, también se demanda impulsar un Juzgado de lo Penal en Madrid para su posterior especialización en el enjuiciamiento de la materia de violencia sobre la mujer o un juzgado de lo mercantil en el partido judicial de Madrid, así como un juzgado de lo social en Madrid.
Desmedida reacción
Por otro lado, el magistrado ha querido aprovechar la rueda de prensa para criticar «la desmedida» reacción que hubo por parte de algunos dirigentes políticos en contra de la aplicación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.
El presidente del TSJM se refiere a las críticas lanzadas por la ministra de Igualdad, Irena Montero, al tachar de «machistas» a los magistrados y acusarles de aplicar «de forma defectuosa» la citada normativa ante la cascada de rebajas de condena a agresores sexuales que se produjeron con la aplicación de la norma antes de ser reformada.
Sobre las críticas, que ha tachado de «injustas», Celso Rodríguez ha censurado que se acusara «a los jueces sin el más elemental pudor, de machistas y de ignorancia absoluta de la ley».
«Fue sencillamente un error del legislador, que no se quiso aceptar por temor al desgaste político. Pero no se puede reaccionar a eso echando la culpa a los jueces. La ley llevaba a la reducción de las penas y a la retroactividad», ha recalcado.
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