La petición fue cursada por el Defensor de la Ciudadanía de Granada en 2021 y defendida en Bruselas en septiembre de 2022 por el responsable de esta oficina, Manuel Martín, solicitando que Europa obligara al Reino de España a adoptar las medidas necesarias para «acabar de una vez con esta emergencia social y humanitaria».
En su escrito de respuesta, la Comisión de Peticiones de la Unión Europea asegura que en febrero de este año remitió al Gobierno de España --Ministerios de Transición Ecológica y de Interior-, a la Junta de Andalucía y a la Fiscalía Superior de Andalucía-- una carta apelando a "la necesidad de abordar urgentemente la situación mediante un enfoque holístico que incluya la cooperación de los agentes nacionales, sociales y privados pertinentes.
Para los integrantes de esta institución europea «corresponde a las autoridades nacionales actuar en consecuencia» dado que «los litigios entre consumidores y proveedores de energía o entidades responsables de la instalación, mantenimiento y mejora de la red eléctrica no son competencia de la Comisión sino de las autoridades» de cada país.
A lo largo de todo su escrito, un texto de seis páginas, el Parlamento Europeo recuerda que son los Estados miembros los que tienen el cometido y están obligados a «velar por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales derivadas de acuerdos internacionales y de sus propias legislaciones internas».
Pero no obstante manifiesta su intención de «persistir en la supervisión de la debida aplicación de la legislación de la UE por parte de España» y así aprovechará «todas las oportunidades para dialogar sobre esta cuestión con las autoridades españolas, sobre todo en el contexto de los debates y las actualizaciones solicitadas sobre la aplicación de la Directiva eléctrica».
Manuel Martín ha valorado la respuesta de Europa aunque ha reconocido que esperaba que fuera «más efectiva para las familias que llevan quince años indefensas, enredadas en promesas, palabras, mesas, cartas, declaraciones y gestos, pero sin luz».
«Es injusto que vecinos honrados que pagan puntualmente sus recibos asuman estos apagones; es descabellado que plataformas, colectivos y asociaciones vecinales tengan que organizarse para liderar esta batalla sin medios, sin recursos, sin datos oficiales, sin un conocimiento exhaustivo del conglomerado de leyes eléctricas y a pesar de la complejidad que supone conocer este sector económico», ha afirmado.
Manuel Martín censura que si Europa remitió la citada carta a las administraciones el 7 de febrero de este año, «hayan podido transcurrir más de cinco meses desde entonces y no se haya hecho nada» y afirma no entender «cómo es posible que con tantas instituciones, organismos, agencias, comités y administraciones como existen no seamos capaces de poner fin a una realidad que afecta a un sinfín de familias con menores, mayores, jóvenes y hasta electrodependientes». Ve así «inadmisible que nos acostumbremos y permitamos unos datos tan inhumanos: más de tres cortes a la hora con una duración media cercana a las dos horas, todo ello desde hace quince años».
Ha recordado así que «hace escasamente dos días unas 400 familias han sufrido un corte de luz de 24 horas en una jornada de temperaturas elevadísimas» afirmando «conocer a la perfección que fue un transformador ardiendo el causante de esta incidencia, una de tantas» llamando a poner fin a «un problema grave que impide a todo un barrio vivir con dignidad».
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