El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria | GOBIERNO VASCO

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El Gobierno Vasco ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional siete preceptos de la Ley estatal de Vivienda, con el desacuerdo de los tres consejeros del PSE-EE, por «condicionar el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulnerar competencias que corresponden» a Euskadi. Además, ha demandado «formalmente al Gobierno español diálogo» en la comisión bilateral «para intentar solventar diferencias de interpretación» de la norma.

El portavoz del Ejecutivo Vasco, Bingen Zupiria, ha señalado, en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que la Ley de Vivienda contiene varios preceptos que «condicionan el autogobierno vasco en materia de vivienda» y, por lo tanto, «existe una vulneración de competencias que corresponden» a Euskadi.

Tal como ha explicado, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco consideran que el Estado «viene a normar sobre asuntos concretos que no están regulados en la legislación vasca pero que son competencia» de la Comunidad Autónoma Vasca.

En base a ello, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno sostiene que la Ley estatal «ocupa el ámbito vasco para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda, generando inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar».

Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo que autoriza la interposición ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

En concreto, se impugnan un total de siete artículos de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

Zupiria ha destacado que el informe jurídico pone de manifiesto que la nueva Ley estatal «adopta decisiones e impone reglamentos en asuntos que no están regulados en la legislación vasca, pero que son competencia» de Euskadi.

De este modo, ha subrayado que "entra a desarrollar reglamentos y materias en ámbitos que son competencia de la Comunidad Autónoma Vasca,
generando inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar«. »Se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma", ha añadido.

Demanda de diálogo

El portavoz del Ejecutivo vasco ha resaltado que, «aunque queda abierta la vía del recurso al Constitucional», demandan «formalmente al Gobierno español el establecimiento de un diálogo en el ámbito de la comisión bilateral de cooperación para intentar solventar estas diferencias de interpretación que existen respecto a la Ley estatal de Vivienda».

«El Gobierno español ha recurrido muchísimas de las leyes que esta legislatura el Parlamento vasco ha aprobado y todas ellas han sido objeto de negociación y acuerdo en esa comisión bilateral. Demandamos, por tanto, este diálogo al Gobierno central para poder llegar a un acuerdo en torno a estos artículos que vulneran el Estatuto de Autonomía, y no tener que recurrir al Tribunal Constitucional», ha manifestado.

Bingen Zupiria ha precisado que los tres consejeros que representan al PSE-EE en el Ejecutivo autonómico, han manifestado «su desacuerdo con esta decisión».

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