En un comunicado, los socialistas vascos han mostrado su confianza en que el procedimiento iniciado por el Consejo de Gobierno respecto a la supuesta inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que ha contado con el rechazo de los consejeros socialistas, «no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal en Euskadi y prive a la sociedad vasca de una herramienta que hemos valorado de forma muy positiva desde el momento en que se conocieron los contenidos de la misma».
«No compartimos los argumentos que pretenden fundamentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2023 de 24 de mayo. Además, respetando el derecho de cada administración a defender sus intereses y competencias, creemos que la litigiosidad entre estas debe evitarse todo lo posible, buscando el interés general», ha subrayado.
En este sentido, ha recordado que, cuando se aprobó la Ley de Vivienda estatal este año 2023, lo consideró «un paso muy importante, porque venía a complementar» la Ley de Vivienda de 2015, aprobada en Euskadi «por impulso de los socialistas vascos y el voto en contra del PNV, que rechazó su puesta en marcha, como ha hecho años después con la regulación nacional».
«Entendemos que la Ley estatal, entre otras previsiones, introduce mecanismos para la regulación de los precios de la vivienda que no pueden ser contemplados por la Ley vasca, como se ha manifestado en más de una ocasión en los debates parlamentarios, tanto por parte de los representantes del PSE-EE como del PNV», ha destacado.
"respetuosa con las competencias"
Por ello, los socialistas vascos consideran que se trata, «como ya se ha repetido, de una norma que faculta a las comunidades autónomas, no impone, y es respetuosa con sus competencias».
En este sentido, han recordado que municipios vascos, como el de San Sebastián, ya han iniciado el procedimiento para requerir al Departamento de Vivienda, que dirige el socialista Iñaki Arriola, «a que proceda, en aplicación de la Ley estatal de Vivienda, a la declaración de zonas tensionadas, de forma que en ellas puedan adoptarse medidas como la aplicación del tope a los alquileres».
«El departamento se ha mostrado dispuesto desde el primer momento a que esta declaración se produzca, siempre de acuerdo con los consistorios. Se trata, por tanto, de una demanda que parte de los propios ayuntamientos», han remarcado.
El PSE-EE ha recordado, además, que el Departamento de Vivienda, a instancias del Parlamento Vasco, trabaja en la elaboración de un informe sobre la aplicabilidad de la Ley de 2023 en los aspectos complementarios a la Ley de Vivienda vasca, «y que, al tiempo, está elaborado las herramientas estadísticas necesarias para la determinación de las zonas tensionadas en los municipios vascos».
«La respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda por los precios que se registran en el mercado es ampliamente demandada por nuestra sociedad. El Departamento de Vivienda, dirigido por los socialistas, desarrolla políticas destinadas a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y proteger a sectores como los más jóvenes, que encuentran muchas dificultades para poder emanciparse», ha manifestado.
En esta línea, ha precisado que la Ley estatal «viene a completar las actuaciones que ya están siendo protagonizadas por la administración vasca (regulación de desahucios y lanzamientos que afecten a personas vulnerables; parque de vivienda protegida en alquiler a precio limitado, movilización de viviendas vacías) y otras, como los mecanismos de contención y bajada de precios del alquiler en zonas tensionadas, que vienen a reforzar el papel público en la búsqueda de soluciones».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.