La Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua ha avalado este martes, en una reunión urgente y extraordinaria, la presentación de un recurso de reposición por parte de la Diputación de Alicante contra el auto del Tribunal Supremo que deniega la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico del Tajo solicitado por la propia institución provincial.
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha manifestado, tras reunirse junto a la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, con los miembros de la Comisión Técnica, que el agua es «una de las mayores necesidades» de la provincia y que la administración provincial no escatimará «ningún esfuerzo en su defensa» y seguirá «luchando para que se escuche la voz de Alicante».
Los integrantes de la Comisión, a cuya reunión también han asistido los Servicios Jurídicos de la Diputación, consideran conveniente la presentación del recurso ante el Supremo, que debe plantearse antes del próximo 5 de septiembre, ya que el auto tiene 'consecuencias negativas inmediatas' para la provincia de Alicante, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental y social.
«La Comisión Técnica va a marcar la hoja de ruta que debemos seguir desde la Diputación», ha apuntado Pérez, quien ha remarcado que, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión, la elevación de 1m3/s del caudal ecológico del tajo supondrá un descenso del agua trasvasada al Segura. Según sus estimaciones, provocaría pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros, además de daños ecoambientales de difícil cuantificación.
En este sentido, el presidente de la Diputación ha insistido en que «aquí va a haber una afección socioeconómica para todos los habitantes de la provincia simplemente por esta denegatoria de la suspensión cautelar». «Son pérdidas que no vamos a poder recuperar y así se lo debemos volver a trasladar al Tribunal Supremo», ha añadido.
El dirigente alicantino ha manifestado, por otra parte, que «ahora ya por fin, estamos alineados en la defensa del trasvase Tajo-Segura con la Generalitat Valenciana y vamos a ir de la mano, cada uno desde las posibilidades que le permita el procedimiento».
Al respecto, ha admitido que, aunque es difícil que prospere el recurso, la Diputación tiene «la obligación de dar la batalla hasta el último momento porque las pérdidas y la afección al tejido social es enorme».
En este punto, ha mostrado su «desconcierto» ante la política del Gobierno central en materia hídrica ya que «mientras Europa es líder mundial en la lucha por la sostenibilidad y las regiones deben plantear una renaturalización del territorio, el Gobierno de España está llevando, con sus acciones y hechos, a convertir la huerta de Europa en el primer desierto de Europa».
«No se puede combatir la despoblación con programas de reto demográfico y a la vez poner trabas a la prosperidad y a las oportunidades de nuestros pueblos», ha argumentado también el presidente de la Diputación, quien ha remarcado que «el impacto en lo social, más allá de lo económico, es de una gravedad incalculable».
Durante la reunión de la Comisión Técnica se ha puesto, asimismo, de manifiesto que el hecho de que la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por Ximo Puig, presentara la solicitud de medidas cautelares «sin estar en consonancia con otras administraciones afectadas como la Diputación» ha podido «condicionar la respuesta del Tribunal Supremo».
En este sentido, la Diputación ha aseverado que la petición de la administración autonómica «no se acompañó de informes técnicos, como sí lo hizo la de la institución provincial, ni solicitó cautelares para el primer tramo de elevación de caudales».
La Comisión ha apuntado que la «precipitación de la Generalitat en la solicitud de medidas cautelares ha supuesto que el TS se decantara en primera instancia por desestimar la aplicación de medidas cautelares, previamente a poder evaluar los informes presentados por las otras administraciones».
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