Sevilla contabiliza en agosto 2.063 licencias de taxi y 445 autorizaciones de VTC

Así figura en el último recuento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) sobre autorizaciones para el transporte de viajeros en turismos, fechado el pasado 1 de agosto y recogido por Europa Press, en un contexto en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado recientemente ilegal la limitación implantada en el Área Metropolitana de Barcelona, con un máximo de una autorización de VTC, vehículos que operan para las empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, por cada 30 licencias de taxi.

En su sentencia, el TJUE descarta que la normativa metropolitana barcelonesa pueda suponer una ayuda de Estado al sector del taxi porque no compromete fondos públicos, pero de otro lado considera que tanto la limitación del número de licencias de VTC como la exigencia de una autorización específica adicional son «restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento», en tanto que una pone tope al número de operadores de VTC y la otra limita el acceso al mercado de todo recién llegado.

La regulación autonómica

Ello, después de que en 2022 entrase en vigor el decreto de la Junta de Andalucía que modifica la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, al objeto de regular los VTC que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify.

A grandes rasgos, el decreto andaluz prohíbe que los VTC estacionen o circulen sin servicio precontratado a un mínimo de 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses; así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

También prohíbe la geolocalización de los VTC previa a su contratación y establece para estos vehículos unas dimensiones mínimas de 4,9 metros de longitud, 4,7 metros en el caso de vehículos híbridos o Eco y 4,5 metros en el caso de los vehículos de cero emisiones, entre otros requisitos.

El Gobierno andaluz defiende en ese sentido que esta nueva regulación persigue «el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación», pues por la propia naturaleza de su servicio, siempre le ha estado prohibido circular a la búsqueda aleatoria de clientes o aceptarlos de manera espontánea.

Ninguna de las dos partes satisfecha

Empero, el decreto ha generado importantes protestas por parte de las asociaciones de taxistas, que han avisado de que buena parte de estas restricciones ya estaban en vigor por regulaciones previas. El gremio de taxistas de Sevilla, en concreto, venía reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluyese un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora y, finalmente, el sector del taxi anunció su decisión de recurrir el citado decreto ante el Tribunal Constitucional.

Las patronales del sector de las VTC han criticado de su parte las limitaciones impuestas, como en el caso de las dimensiones mínimas de los vehículos.

En paralelo, recordemos que tiempo atrás, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.

Principalmente, este decreto incorporaba la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda, para así abaratar el coste de los trayectos.

Los taxistas de Sevilla capital reclaman además la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector.

El rescate de licencias

En concreto, en aquel año fue acordado el rescate de 140 licencias de taxi a razón de 70.127 euros a abonar a cada taxista que renunciase a su licencia, para «la viabilidad económica de un sector especialmente afectado por la crisis y para ajustar la oferta a la demanda», sobre todo en estas circunstancias de irrupción de nuevas modalidades de movilidad urbana, como por ejemplo los vehículos eléctricos de movilidad personal.

Empero, mientras el Ayuntamiento hispalense estudia fórmulas para cumplir dicha petición, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía recogido por Europa Press señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales «podría no encontrar justificación» en materia de «interés general», al haber «variado sustancialmente las circunstancias socio económicas» a partir de las cuales fue impulsada dicha política.