En opinión de la representante socialista, con esta norma, el Gobierno que preside Juanma Moreno «vuelve a incurrir en ese invito yo y que paguen los ayuntamientos al que nos tiene tan acostumbrado», quien ha criticado cómo la norma «invade de forma determinante las competencias de los ayuntamientos», según una nota de este partido.
La Ley de Policías Locales de Andalucía entró en vigor el día 8, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que tuvo lugar el 19 de julio, una vez que se aprobó en el Pleno del Parlamento de Andalucía el 29 de junio.
Esa aprobación de la norma lo hizo exclusivamente con los votos a favor del PP-A y el rechazo del resto de la Cámara: PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
La norma contempla, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de que todos los municipios con población mayor o igual a 5.000 habitantes cuenten con este cuerpo de seguridad, con un mínimo de cinco efectivos en cada caso.
Para Irene García, esta nueva Ley de Policías Locales no es «nada valiente, ni ambiciosa ni moderna» y asegura que «hemos perdido una enorme oportunidad» con esta norma, ya que, critica además, «no se ha podido ni negociar ni consensuar como hubiera sido deseable».
«La Ley de Policías Locales de Andalucía llega sin diálogo con los alcaldes y alcaldesas, cuando tenía que haber nacido desde el acuerdo de todos y con todos los recursos necesarios para su puesta en marcha», ha subrayado la parlamentaria socialista, que ha destacado cómo con esta norma el Gobierno andaluz «ha puesto de manifiesto una vez más su rodillo parlamentario con un asunto que es especialmente sensible, tanto para los ayuntamientos como para los vecinos y vecinas, como es el de la seguridad».
«Moreno Bonilla ha abandonado ya su disfraz de presidente moderado y dialogante para mostrar su verdadera piel, la de la más pura y dura imposición», ha argumentado la vicepresidenta segunda del Parlamento sobre las formas empleadas por el Gobierno andaluz en la negociación y tramitación de la norma.
«Supone una nueva oportunidad perdida para mejorar el servicio y para garantizar la seguridad de la población», ha añadido Irene García, quien ha subrayado que «deja muchas cosas sin resolver cuando tenía que haber sido una ley de vanguardia y no lo es».
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