El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acometido en julio operaciones con las que rehace el Presupuesto inicial de 2023 cuando empieza a ejecutarlo. En su reunión de 18 de julio aprobó dos transferencias de créditos para atender necesidades de gasto del personal sanitario y educativo que suman 213 millones.
La más cuantiosa son los 118,4 millones destinados a afrontar las nóminas del personal sanitario sustituto y los 94,9 millones restantes van al pago de la Seguridad Social de los docentes.
En el expediente de los 118,4 millones para el personal sanitario se indica que el propósito es «dar cobertura a las obligaciones que derivan del devengo de las nóminas de este personal durante el tercer trimestre del ejercicio y que se imputarán al presupuesto en los meses de julio, agosto y septiembre», según los expedientes de gasto consultados por Europa Press.
Ese transvase de créditos implica dar de baja el gasto de otros apartados presupuestarios y en ese sentido indica la Consejería de Salud que «los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio actual con la finalidad para la que fueron autorizados inicialmente».
La memoria justicativa argumenta en este sentido que las necesidades presupuestarias para el tercer trimestre son de 124.696.295 euros para esas nóminas de los sanitarios sustitutos, mientras que «el saldo disponible actual es de 6.203.177 euros», de lo que se colige que «se necesita una dotación adicional de 118.493.118 euros».
El informe anexo, que firma el director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Miranda, argumenta que «existe la necesidad de dar cobertura presupuestaria a las insuficiencias que se ponen de manifiesto en los distintos grupos de gasto» y que para atender esas necesidades «se cubrirán con parte de los créditos disponibles en el resto de grupos de gastos de personal mediante la pertinente reestructuración presupuestaria».
Este texto reconoce que el SAS «se encuentra en una situación de implantación de medidas de gestión que intentan la contención del gasto y que como se ha visto en los meses de marzo, abril y mayo están resultando positivas», pero ese ejercicio de austeridad presupuestaria no se puede mantener ante el Plan de Vacaciones del Personal, que se traduce en «un mayor gasto en determinados grupos» y que por ello «incrementa aún más la brecha existente entre las dotaciones de créditos iniciales y el gasto realizado en este vinculante presupuestario».
La transferencia de 118,4 millones permitirá afrontar, como argumenta el informe del SAS, «las necesidades de un trimestre (julio a septiembre), de forma que se pueda atender el Plan de Vacaciones referido», para seguidamente reconocer que para el último trimestre del año será necesaria «una modificación presupuestaria global que permita cubrir las insuficiencias de los grupos de gastos que puedan presentar déficits, tras realizar en ese momento -y a la vista de la evolución de los gastos- una previsión de necesidades más precisa».
Las partidas presupuestarias de las que salen esos 118,4 millones son «los créditos previstos para Modificaciones retributivas y Revisiones salariales (artículo 17) sobre el que no cabe la imputación de obligaciones, ya que los incrementos retributivos se están contabilizando desde el inicio del ejercicio en las partidas correspondientes a cada devengo retributivo».
Casi noventa y cinco millones para la seguridad social de profesores
En el caso del traspaso de créditos de 94,9 millones para afrontar el pago de la Seguridad Social de profesores el expediente de gasto explica «se hace preciso realizar, de manera urgente, esta propuesta de adecuación de crédito».
Por eso «se propone utilizar el crédito disponible de la clasificación económica 170.81, servicio autofinanciada, código 03 y programa presupuestario 42D», crédito que era inicialmente para el incremento retributivo fijo del personal previsto en la Ley de Presupuestos, para argumentar que «los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio actual con la finalidad para la que fueron autorizados inicialmente».
En la memoria justificativa que rubrica con fecha de 1 de junio la secretaria general técnica de la Consejería de Desarrollo Educativo, Isabel Gabella, se argumenta que «hasta este momento ese coste ha ido consumiendo los créditos de los grupos de gasto Dotaciones Plantilla Presupuestaria y Seguridad Social, siendo necesario en este momento reponer crédito en este último grupo para garantizar la cobertura de las obligaciones correspondientes».
«Esta modificación presupuestaria garantiza la necesidad de crédito para el grupo de gasto de seguridad social a partir del mes de septiembre», indica la memoria justificativa, que empieza a avisar de que «conforme vayan avanzando los últimos meses de ejercicio presupuestario, se llegará a una mayor concreción de la cantidad definitiva necesaria para este concepto en su caso».
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