Históricos referentes del Partido Andalucista (PA), como el fundador de dicha formación y exalcalde de Sevilla Alejandro Rojas-Marcos, han replicado al lehendakari, Íñigo Urkullu, que Andalucía «no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución», en referencia a País Vasco, Cataluña y Galicia.
Así se proclama en un escrito, consultado por Europa Press y titulado 'Sin Andalucía, no, lehendakari Urkullu', que, además de Rojas-Marcos, suscribe el exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pedro Pacheco, así como otros históricos referentes del PA como Miguel-Ángel Arredonda, Antonio Moreno, Emilio Pérez Ruiz y José Núñez.
Con este documento, estos referentes del extinto Partido Andalucista responden a la «propuesta de reordenación territorial» de España expuesta por el presidente del Gobierno vasco en un artículo publicado este pasado jueves en el diario 'El País', y que para Rojas-Marcos y los demás firmantes de este escrito «exige una respuesta urgente desde Andalucía».
Quienes se reivindican como anteriores «representantes del pueblo andaluz, en nombre del primer y único partido andaluz de la Historia», el PA, consideran que «la iniciativa de Urkullu es oportuna, por las actuales circunstancias políticas del Estado español, y legítima, por la autoridad del máximo representante del pueblo vasco».
Desde esa premisa, sostienen que «el modelo territorial que diseñó el constituyente de 1978 ya hace tiempo que viene dando señales de agotamiento, como es normal en el transcurso del tiempo, y es hora de explorar nuevos caminos, con clarividencia y sin dramatismos».
Los firmantes de este documento agregan que, desde Andalucía, «su iniciativa no debe ser demonizada porque eso sólo nos conduciría a la parálisis y al enfrentamiento» y, «lo que es peor, a que el centralismo siga beneficiándose de ello».
"los andaluces tenemos mucho que decir"
De igual modo, subrayan que «los andaluces tenemos mucho que decir, porque el estatus jurídico-constitucional de esta nacionalidad histórica es idéntico al de Euskadi, Cataluña y Galicia, a las que se dirige, exclusivamente, la propuesta de Urkullu, con interesado y expreso olvido de Andalucía», según denuncian los referentes andalucistas, que se dicen «convencidos de que una inmensa mayoría de la sociedad andaluza, así como la práctica totalidad de sus fuerzas políticas, coinciden en que Andalucía conquistó la igualdad con las llamadas nacionalidades históricas el 4 de diciembre de 1977, en las calles, el 28 de febrero de 1980, en las urnas, y el 21 de octubre siguiente, al acordarse, por unanimidad el desbloqueo de la autonomía en el Congreso».
Rojas-Marcos, Pacheco y los demás firmantes de este documento argumentan también en su respuesta al lehendakari que «las Cortes de 1978 diseñaron una Constitución profundamente discriminatoria, en favor de esas nacionalidades, que sólo el empeño del pueblo andaluz y su vanguardia andalucista pudieron quebrar, a duras penas, al tiempo que escribían una de las más vibrantes páginas de su historia».
En esa línea, cargan contra «la intención esencialmente discriminatoria del pacto constitucional en relación con la organización territorial del Estado, mantenida en el tiempo y expresiva del pacto que derecha e izquierda españolistas ahormaron durante la Transición para satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vascos y catalán, también responsables interesados de tal discriminación», y subrayan que los andaluces hicieron «saltar por los aires» ese pacto, «aunque con el paso de los años los sucesivos gobernantes andaluces lo han ido asumiendo, atentos prioritariamente a conquistar el gobierno del Estado con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas y vascas, que, a cambio, obtenían pingües beneficios políticos y económicos».
Los referentes andalucistas remarcan que el lehendakari «traza la línea roja de la desigualdad en las comunidades que tuvieron 'autogobierno previo a la Constitución de 1978'», y al respecto admiten que «las tres nacionalidades citadas --Euskadi, Cataluña y Galicia-- lo consiguieron durante la República, pero no es menos cierto que Andalucía lo tenía previsto para septiembre de 1936», apostillan antes de preguntar si «no es el colmo que la línea roja del señor Urkullu, como en su día de los constituyentes, venga marcada por el golpe de estado del general (Francisco) Franco».
Llamamiento a responder al "plan urkullu"
Tras advertir de que «la derecha y la izquierda estatales estén dispuestas a volver a pactar una nueva discriminación para volver a satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vasco y catalán, siempre que ello les ayude a conquistar el Gobierno de España», los firmantes de esta respuesta al «Plan Urkullu», de «enorme potencia en el fondo y de extrema suavidad en la forma», avisan también de que éste «parece dirigirse tanto al PP como al PSOE, y si nos apuran al Tribunal Supremo, al Constitucional y a la Corona, con un elemento nuevo», el de que «la fuerza de estos nacionalismos en 2023 es infinitamente superior a la que gozaban en 1977, por lo que es razonable pensar que sus posibilidades de éxito son aún mayores».
Así las cosas, Rojas-Marcos y los demás representantes históricos del PA citados proponen que las «instituciones públicas» andaluzas --ayuntamientos, diputaciones, el Parlamento y el Gobierno andaluz-- y «los partidos políticos que las conforman» proclamen, «como hicieron el histórico 4 de diciembre» de 1977, «unidos todos desde el primer momento, que Andalucía no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución».
«Y ello no va a ocurrir con nuestro cómplice silencio y sin nuestra indignada denuncia», sentencian Alejandro Rojas-Marcos, Pedro Pacheco, Miguel-Ángel Arredonda, Antonio Moreno, Emilio Pérez Ruiz y José Núñez para concluir su manifiesto.
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