En concreto, las normas afectadas son las leyes de sede de las instituciones, sobre régimen jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública, sobre el himno oficial de Euskadi, de la escuela pública vasca, de cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria, y de reconocimiento de la universidad Mondragon Unibersitatea.
El Consejo de Gobierno Vasco aprobó el pasado mes de julio estos decretos con el objetivo de «evitar los problemas de inseguridad jurídica que pudiera causar una redacción inadecuada desde el punto de vista lingüístico», ya que señalaba que las seis leyes que requieren «pequeñas actualizaciones lingüísticas» en sus versiones de euskera que son de las décadas de 1980 y 1990.
El Ejecutivo vasco destacó que desde que estas leyes fueron aprobadas, el euskera técnico y jurídico ha registrado «avances importantes», lo que ha provocado «una obsolescencia terminológica» del lenguaje utilizado en la versión en lengua vasca de dichas leyes.
Por ese motivo, se consideraba necesario dotar al texto en euskera de una estructura gramatical y lingüística acorde con la evolución de la lengua. La labor de traducción ha corrido a cargo del Instituto Vasco de Administración Pública (HAEE/IVAP), adscrito al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, que es el que ha tramitado los seis decretos legislativos, uno para cada ley.
Asimismo, el Ejecutivo recordaba que las leyes solo pueden ser modificadas en su redacción mediante decreto legislativo y señalaba que estas adecuaciones se realizan con base a la Ley 6/2022 de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de la Disposiciones de Carácter General, en la que se incluye una delegación legislativa al Gobierno para la actualización de la versión en euskera de estas leyes.
Explicación de voto
No se ha celebrado ningún debate, ya que los grupos parlamentarios han utilizado el turno de explicación de voto. En el mismo, el parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha recordado la «labor de regularización y armonización» de estos seis decretos legislativos aprobados que «se ha limitado a actualizar y adecuar la terminología y el lenguaje técnico que utiliza la versión en euskera de las citadas leyes, tal y como exige la ley».
«Se actualiza la terminología en euskera de la ley sin tocar la versión en castellano, y por lo tanto, respetando estrictamente el contenido de la ley aprobada en su día por este Parlamento», ha insistido.
El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, por su parte, ha citado el debate celebrado esta semana en el Congreso sobre «lenguas sin Estado» y ha defendido que «en Euskal Herria queremos vivir en euskera».
Asimismo, cree que la Ley del procedimiento de elaboración de disposiciones generales «supone un pequeño paso en esta dirección» porque las versiones en euskera de algunas leyes «se han quedado obsoletas». «Ha habido grandes avances en el euskera técnico y jurídico y por eso desde EH Bildu hemos votado favorablemente», ha indicado.
La parlamentaria del PSE Miren Gallastegi ha recordado que los socialistas apoyaron la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, que revisaba el procedimiento anterior para «dotar de mayor agilidad, rigor y garantía de calidad a las normas, y establecía un marco para legislar mejor y más transparente». En este sentido, ha señalado que han votado a favor porque se cumplen «las previsiones» de la citada ley.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo ha explicado que han votado a favor porque sólo se ha actualizado su versión en euskera, ya que se trata de legislaciones aprobadas en los 80 y en los 90, «y desde entonces hasta el día de hoy, se ha profundizado mucho en el desarrollo del euskera técnico y jurídico» por lo que «era necesario adecuar estos textos legales a la nueva terminología».
También ha reivindicado el papel de las lenguas cooficiales del Estado, en especial el euskera, y ha señalado que «estos días se ha reconocido por fin» el derecho a intervenir en en catalán, en gallego, en euskera en el Congreso, «un avance innegable» que ha querido «poner en valor».
El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha destacado que esta es una «tramitación técnica, que venía ya establecida en una ley de reciente aprobación», y ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que «la mayoría de estas leyes también necesitan un repaso de sus contenidos».
El parlamentario de Cs, Jose Manuel Gil, no ha participado en el turno de explicación de voto y, al igual que la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, que tampoco ha participado en la votación.
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