Durante la sesión de este lunes del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por la pieza de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas por 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica; un agente de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso ha manifestado que el exsindicalista de UGT y presunto «conseguidor» de fondos públicos Juan Lanzas fue quien «ofreció» a los empresarios quiénes serían «los actores» de la negociación y tramitación del procedimiento.
Este agente de la Guardia Civil ha comparecido como testigo después de que una semana antes, Juan Lanzas hiciese lo propio pero en calidad de acusado, accediendo a responder sólo las preguntas del fiscal y de su abogado defensor; toda vez que según el Ministerio Público, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el letrado Carlos Leal, acusado en este juicio, «para iniciar la tramitación» de un ERE y además con el propio Lanzas, «como persona que pudiera facilitar fondos públicos de la Junta para los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».
Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Lanzas contactó con el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, --condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020--, facilitando a este último datos de «los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción»; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
Los "intrusos"
A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, «con el conocimiento y consentimiento» de Guerrero, «instó» a los dos extrabajadores de Vitalia procesados en este caso a introducir como beneficiarias a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas», tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, «con el conocimiento y consentimiento» del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández y de su viceconsejero Agustín Barberá, --ambos también acusados en el juicio--, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.
Para el Ministerio público, los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».
En este marco, y después de que en su comparecencia como acusado Juan Lanzas asegurase que él no participó en la negociación del ERE de Surcolor ni solicitó o gestionó la consecución de fondos públicos para sufragar los despidos, sino que sólo asesoró a los empresarios, este investigador de la Guardia Civil ha asegurado que las pesquisas reflejaron que Lanzas fue quien «ofreció a los empresarios una serie de contactos» de cara al ERE que iban a promover, es decir que les propuso «quienes serían los actores» del procedimiento, como el estudio jurídico Villasís o la consultora Vitalia Vida.
Lanza "se presentaba como alguien que trabajaba para vitalia"
Y es que según este agentes, Lanzas incluso se habría «presentado» como alguien que «trabajaba para Vitalia», dos de cuyos exdirectivos figuran como acusados en este juicio, porque como ha explicado, dicha empresa tuvo «un papel fundamental» en la póliza de las rentas del ERE, sufragada por la Junta de Andalucía.
Es más, este investigador ha expuesto que Lanzas habría ofrecido a los empresarios «la facilidad de acceder al delegado de Empleo», Antonio Rivas, quien a la hora de comparecer como acusado dijo que él «no» les trasladó aspecto alguno relacionado con la posibilidad de que el ERE fuese financiado con cargo a la Junta de Andalucía y que fue Juan Lanzas quien habría manifestado en el encuentro que consultaría el asunto con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, entonces dirigida por el difundo Francisco Javier Guerrero.
El papel de rivas
Por contra, este agente ha asegurado que la investigación puso de relieve que Rivas habría tenido una «especial trascendencia» en «la forma en la que se materializó» la ayuda pública para el pago de los costes laborales del ERE.
También ha señalado la «relación familiar» que pesa en el caso de los dos hombres que cobraron las prejubilaciones del ERE de Surcolor sin haber formado nunca parte de la plantilla, los dos «intrusos», uno de ellos concuñado de Antonio Rivas y otro militante del PSOE casado con una entonces edil socialista del Ayuntamiento de Camas, localidad de la que Rivas había sido alcalde.
En ese marco, este investigador de la Guardia Civil ha asegurado que el acusado Jesús Bordallo, responsable en Sevilla de la consultora Vitalia Vida, conocía que las rentas de los citados «intrusos» iban a ser pagadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía pese a no formar parte de la plantilla de Surcolor, señalando que en la propia documentación de la citada entidad las referencias a estas personas figuran con la mención a «los especiales de Bordallo».
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