El consejo de administración de la Sociedad Valenciana de las ITV SA (Sitval) ha decidido este martes nombrar a Javier López Mora director general de la entidad con el objetivo de conseguir que la empresa pública alcance «un punto óptimo de eficiencia operativa» tras los problemas generados este verano y que se han acumulado en la mayor parte del territorio de la Comunitat Valenciana.
Se ha aprobado que el actual director, Josep Antoni Albert Quilis, se mantenga en el cargo de manera transitoria mientras se culmina el traspaso de poderes en la sociedad creada por la Generalitat para la gestión de las ITV, tras la reversión ejecutada el pasado mes de febrero, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, será vicepresidente primero, y Vicente Lafuente, presidente de la Comisión de Industria de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), segundo.
López Mora es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, con especialidad en Empresa. Actualmente ejerce de técnico jurídico en el Servicio de la Sociedad de la Información - Empadronamientos Especiales del Ayuntamiento de Valencia, pero ha desempeñado cargos de responsabilidad tanto en la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (Cierval) como en la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), en las que fue secretario general.
También ha sido miembro del Consejo Económico y Social del Reino de España (CES), tanto en la junta Directiva y pleno como ocupando la Vicepresidencia del Comité Económico y Social.
Cuenta además con una amplia experiencia docente como profesor asociado del departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante (hasta la actualidad); ha ejercido asimismo de profesor asociado de Derecho Laboral y de Política Social y Empleo de la UE, en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y como director y docente de cursos de SERVEF y FORCEM.
Asimismo, el consejo de administración, del que forman parte los cuatro sindicatos, ha decidido por unanimidad solicitar un tiempo prudencial a la nueva dirección y conocer toda la documentación relativa a la sociedad y los acuerdos laborales a los que llegó la antigua dirección, sobre los que no consta la existencia de los informes preceptivos a emitir por las distintas consellerias.
El consell, "consciente" de las dificultades
Por su parte, la consellera y presidenta del consejo de administración de Sitval, Nuria Montes, ha asegurado que la Administración autonómica es «muy consciente» de las dificultades que atraviesa el servicio de las ITV tras la reversión pública ejecutada por el Gobierno anterior y que está dando «muchísimos problemas a la hora de que el ciudadano acceda a un servicio básico y fundamental».
Por ello, ha explicado que la nueva Dirección materializará unos cambios que son «prioritarios» para la Conselleria y tienen como objetivo «poner a funcionar un servicio» que «había colapsado» especialmente durante los meses de verano, en el que el volumen de vehículos que necesitan pasar la ITV se multiplica.
La gestión de Sitval continuará siendo pública tras esta reorganización y la consellera Nuria Montes descarta volver al modelo anterior.
Montes ha aseverado que la reversión se hizo «a última hora» y provocando «disfunciones en un servicio que hasta ese momento no generaba ningún problema». «Solo obedecía al criterio político, y la situación que nos hemos encontrado es catastrófica», ha añadido.
También ha criticado la «falta de planificación manifiesta» que «ha provocado colas de espera de meses» en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Así, la plantilla se reforzó en el mes de julio cuando el pico de inspecciones empieza mucho antes, en mayo, y no se tuvo en cuenta tampoco las vacaciones del personal que la Administración había asumido en el momento de la reversión.
«El resultado, como muchos usuarios han tenido que sufrir, es un servicio de ITV inoperante en el que a veces es imposible conseguir cita», ha lamentado Montes, quien ha reiterado que la reorganización prevista por la Conselleria pretende «acabar con todos estos problemas, conseguir que la sociedad pública sea rentable» y «lograr un servicio que simplemente funcione como debería».
«Es necesario atender las necesidades de los ciudadanos, la de los transportistas, taxistas y la de todas aquellas personas que dependen de un vehículo para trabajar y vivir», ha agregado.
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