El Ayuntamiento estudia cómo los afectados por el Plan 18.000 podrían acceder a una vivienda en propiedad

Tras presentar la reforma de una zona interbloque en La Elipa, Carabante ha trasladado a la prensa que actualmente el Ayuntamiento está «viendo internamente la posibilidad de convertir en propietarios a los superficiarios, de manera que quienes tienen hoy una vivienda protegida del Plan 18.000 puedan tener una vivienda en propiedad y no les venza la protección».

Son los servicios jurídicos y la Intervención General los que están analizando los posibles procedimientos una vez vez que van venciendo los 25 años de derecho de superficie. «Ha ido finalizando la protección de las viviendas y hay inquilinos y superficiarios que deciden ser propietarios pidiendo al Ayuntamiento que les venda esas viviendas», ha explicado.

«El anterior equipo de Gobierno sacó un pliego de licitación para que cualquier afectado de esas promociones pudiera acceder a la compra y, como consecuencia de críticas y controversias con los inquilinos, el Ayuntamiento desistió de ese procedimiento», ha indicado Carabante.

Plan 18.000

El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.

Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.

Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. Desde el principio, superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.

Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.

Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente.

Pactos de la villa

Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego «pero cumpliendo el acuerdo del Pleno» que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que «ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños», apuntaba meses atrás el entonces delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.

Esto supone que el Ayuntamiento «no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado», mientras que los superficiarios del Plan 18.000 «consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en los Pactos de la Villa».