El Parlamento aprueba con los votos de PP y Vox las leyes que reconocen dos nuevas universidades privadas en Andalucía

Dichos proyectos de ley han superado así este miércoles su debate final en el Pleno del Parlamento, que se ha sustanciado de forma conjunta, aunque con votaciones por separado en las que se ha repetido el resultado de las de sus respectivos dictámenes en comisión parlamentaria de la semana pasada.

Sendos dictámenes incorporaron tres enmiendas del Grupo Popular presentadas a cada uno de dichos proyectos de ley, donde se recoge que, para que la Junta autorice el «inicio de actividades» de cada una de estas nuevas universidades privadas, «previamente se comprobará que se han cumplido todos los requisitos señalados en la normativa universitaria».

«En especial», se comprobarán los requisitos «relativos al personal docente e investigador, el disponer de unas infraestructuras y medios materiales adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras, y que, a la fecha de presentación de la solicitud de autorización para el inicio de actividades, hayan sido verificados y acreditados los planes de estudio conducentes, como mínimo, a la obtención de un total de dieciocho títulos de carácter oficial de grado, máster y doctorado, que se expedirán de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación».

«En el caso de los másteres habilitantes, la implantación se regirá por lo dispuesto en el Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía», se precisa también en los textos de los proyectos de ley que han recibido la 'luz verde' del Parlamento.

De igual modo, los proyectos de ley determinan que, «al inicio del curso académico», la nueva universidad «pondrá a disposición de la Consejería competente en materia de universidades una memoria anual detallada que comprenda las actividades docentes que en ella se realicen, las líneas de investigación, sus resultados, así como la inversión que se realiza en I+D+i, en relación con las titulaciones que se impartan, el alumnado matriculado, el personal docente e investigador contratado y el personal de administración y servicios».

Al término del debate, y antes de las votaciones de estas iniciativas, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha tomado la palabra en el Pleno y ha advertido de que «ahora es cuando realmente empieza la andadura de estas universidades», que «no reciben ni un euro» público «de los andaluces», según ha remarcado antes de aseverar que por parte de la Junta estarán «vigilantes» para cerciorarse del cumplimiento de la ley, y seguirán «defendiendo la universidad pública».

Posicionamiento de los grupos

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PP-A Daniel Castilla ha defendido el «escrupuloso desarrollo normativo y parlamentario» que se ha seguido en la tramitación de estos proyectos de ley, y frente a ello ha criticado, en alusión a los socialistas, que «los que ahora se ponen exquisitos» con sus exigencias «después de cuatro años de tramitación de estos proyectos de ley, aprobaron la única universidad privada» que hasta ahora hay en Andalucía «en una disposición transitoria» cuando el PSOE-A gobernaba la Junta.

De igual modo, ha defendido que «la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno es por la universidad pública de Andalucía, pero eso no significa que condenemos a la universidad privada», cuyos centros «complementan la oferta» del sistema público, según ha agregado.

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Antonio Ruiz ha tachado de «despropósito» la tramitación de estos proyectos de ley, y de «singular, extraño e irregular» el procedimiento que se ha seguido con estas iniciativas, de forma conjunta y con textos «casi calcados» el uno del otro, algo que ha vinculado a una supuesta pretensión del Gobierno andaluz de «minimizar el impacto mediático sobre la aprobación de dos universidades privadas».

Además, ha sostenido que ni con las enmiendas del PP-A que se han incluido en los dictámenes de estos proyectos «se cumple con la Ley andaluza de Universidades», y ha denunciado que no se ha incluido en ellos «el 5% que las universidades privadas han de dedicar de su presupuesto a proyectos de investigación».

El diputado de Vox Alejandro Hernández ha celebrado que se haya culminado el procedimiento para reconocer estas dos nuevas academias, y ha dicho que no acaba «de entender muy bien la reserva de ley que se establece para el reconocimiento de universidades privadas», ya que, en su opinión, se da así «una innecesaria contaminación de criterios políticos en lo que únicamente debería ser una evaluación técnica y jurídica».

Asimismo, ha advertido de que no se puede hablar de «baja calidad» de la oferta de estas universidades antes de que empiecen a funcionar, y ha concluido congratulándose de que «el humanismo cristiano encuentra un nuevo y potente altavoz para sus mensajes» con estos centros.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha manifestado que la modificación del catálogo de títulos de grados y máster ofertado en ambas universidades «para adecuarlo al decreto vigente» sigue siendo «un fraude de ley», lo que, según ha opinado, «demuestra que el Gobierno de Moreno sabe que esta ley se puede tumbar», al tiempo que ha llamado la atención acerca de que se anuncie la creación de un cuerpo de inspección específico para universidades privadas si, «en teoría, cumplen con todos los estándares de calidad» según defiende la Junta.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha aseverado, «sin paños calientes», que con la autorización de estos dos centros --que ha tachado de «chiringuitos»-- se inicia el proceso de «privatización» del sistema universitario andaluz de la mano del Gobierno del PP-A, y ha criticado que el camino que se ha seguido para la tramitación de estos proyectos de ley ha sido «anómalo», como si fueran «uno» solo, y «chapucero», de forma que se han «ignorado las objeciones» que se han planteado contra estas iniciativas.

Durante su intervención, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha llamado al orden al diputado de Adelante después de que José Ignacio García tachara de «gentuza» a los promotores de la Utamed, que estaban representados en la tribuna de invitados del salón de plenos.

Oferta académica de las nuevas universidades

La oferta académica inicial de la universidad CEU Fernando III constará de diez grados, seis másteres y dos programas de doctorado, mientras que la de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo estará conformada por once grados, ocho másteres y dos programas de doctorado.

La Fundación Universitaria Fernando III El Santo solicitó el reconocimiento de la Universidad CEU Fernando III como universidad privada, que, con sede en Andalucía, «impartirá enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional en las modalidades presencial, no presencial y semipresencial».

Por su parte, la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo, S.L., solicitó el reconocimiento de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo como universidad privada que, con sede en Andalucía, «impartirá enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional en la modalidad no presencial».