PP, PSOE y Vox han apoyado la propuesta del área que dirige Borja Carabante para ratificar, con carácter definitivo y con desestimación de las alegaciones, el convenio urbanístico inicialmente suscrito con la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) junto con la promotora Pryconsa. Más Madrid ha votado en contra para dar voz a lo que los vecinos de Carabanchel han pedido «toda su vida».
Carabante ha destacado «el fin de 21 años de tramitación administrativa», mientras que el socialista Antonio Giraldo ha remarcado que es una «deuda histórica en el distrito» y una auténtica «brecha urbana».
Desde Más Madrid Esther Gómez ha llevado a Cibeles lo mucho que ha cambiado la ciudad y sus necesidades en 25 años, priorizando siempre el rechazo a cualquier especulación inmobiliaria en una zona con importantes yacimientos, por ejemplo, y ante demandas de colectivos memorialistas por un centro de memoria en los terrenos del antiguo penal en el que estuvo preso el histórico sindicalista Marcelino Camacho, cuya hija ha estado presente en el Pleno.
El Pleno ha ratificado de este modo un convenio que ordena una superficie de 172.143 metros cuadrados, que contará con vivienda, dotaciones sociales (equipamientos sanitarios, un centro educativo y social, oficinas) y zonas verdes en los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel.
El acuerdo establece el reparto de las parcelas entre el Ayuntamiento de Madrid y los dos propietarios del suelo. Sobre los terrenos se construirán 640 viviendas, de las que el 34 por ciento serán protegidas.
El visto bueno final permitirá desbloquear un ámbito pendiente de desarrollo desde hace más de veinte años. También se llevará a cabo la urbanización de más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y la creación de 23.461 metros de zonas verdes.
El acuerdo aprobado avala el convenio urbanístico suscrito en diciembre de 2022 entre los dos propietarios de los terrenos, Siepse y Pryconsa. La nueva ordenación urbanística de estos terrenos establece la distribución de las parcelas entre los dueños del suelo y el Ayuntamiento de Madrid.
La superficie total afectada por este convenio es de 172.143 metros cuadrados comprendida entre la avenida de los Poblados, la calle Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo. Dentro de los deberes legales recogidos en el acuerdo se establece la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico.
De esta manera, el Ayuntamiento será el adjudicatario de una parcela con calificación de residencial para vivienda de protección pública básica de 4.178 metros y una edificabilidad lucrativa total de 8.199. El Consistorio también será propietario del 71 por ciento de otra parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.
Un hospital
También el Ayuntamiento de Madrid asume la propiedad de una parcela en el centro de estos terrenos, cuyo uso es dotacional de servicios colectivos, con calificación equipamiento singular de salud, esto es, para un hospital.
Su superficie es de 39.920 metros cuadrados. La otra parcela dotacional cedida al Consistorio estará destinada para un equipamiento básico de bienestar social de 2.037 metros cuadrados. Unido a que el Consistorio será el adjudicatario de cinco espacios destinados a zonas verdes, cuya superficie suma 23.461 metros cuadrados, y de un total de 46.000.
Por su parte, la Administración General del Estado mantiene la titularidad del terreno en el que actualmente se levanta la comisaría de Policía Nacional y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), con 14.049 metros de con uso dotacional para servicios públicos.
Se convierte también en adjudicataria a través de Siepse de dos parcelas que serán destinadas a oficinas (suman ambas casi 9.700 meytos) y otra con calificación de equipamiento educativo (2.561 m2).
Siepse también será adjudicataria de cuatro parcelas: dos de uso residencial en categoría de vivienda colectiva libre, de 7.988 m2 y 10.435 m2; una residencial para vivienda de protección pública básica (15.638 m2); y finalmente el 28 por ciento de otra para vivienda de protección pública básica que comparte con el Ayuntamiento.
Pryconsa será el titular de una superficie de 3.123 metros cuadrados para uso residencial en categoría de vivienda colectiva libre. En lo que afecta a la urbanización del terreno, Siepse asumirá frente al Ayuntamiento de Madrid el pago de la totalidad de las obras, así como, en su caso, las indemnizaciones y el coste de las demoliciones que hubiera que efectuar.
El coste inicialmente previsto asciende a 25 millones de euros. Estas obras de urbanización se iniciarán en el plazo máximo de ocho meses desde la notificación al promotor del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbanización. Tendrá una duración prevista de 15 meses, ha trasladado el área en un comunicado.
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