El pleno del Consell ha aprobado este viernes un decreto-ley para minimizar el impacto sobre familias y empresas del pago del canon de saneamiento aplazado por el anterior gobierno del Botànic. Esta condonación, que será del 30% o del 50% en función del grado de vulnerabilidad, beneficiará a un total de 173.468 personas y supondrá un coste de 7,62 millones de euros.
Así lo ha expuesto la portavoz, Ruth Merino, en su comparecencia semanal tras la reunión del Consell. Este decreto amplía de 18 a 36 meses el plazo de prorrateo para el pago de la cantidad aplazada.
En concreto, los 81.530 beneficiarios del bono social térmico que tienen la condición de consumidor vulnerable obtendrán una bonificación del 30% en la cuota del pago aplazado del canon de saneamiento, por un coste de 2,65 millones de euros. La condonación ascenderá al 50% para las 91.938 personas consideradas en situación de vulnerabilidad severa, por 4,97 millones.
Al igual que hizo este jueves la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, al anunciar la medida, la portavoz ha defendido que era necesario «arreglar el estropicio que hizo Ximo Puig --'expresident'--, que engañó a todos valencianos al decir que iba a suprimir el importe del canon de saneamiento durante unos meses cuando, como todos los consumidores se han dado cuenta, fue una prórroga y en agosto se ha empezado a aplicar en la factura de todas familias el recargo».
Merino, que forma parte de la cuota del Consell en el PP, ha cargado contra la «vergüenza» del PSPV de pedir ahora que se condone el pago del canon aplazado a las rentas inferiores a 30.000 euros. Además, ha defendido que este decreto supone un «compromiso real» que ayuda a las familias «en la medida de lo posible».
Respecto a la dotación presupuestaria para la condonación, la también consellera de Hacienda ha indicado que formará del presupuesto de la EPSAR para 2024 y ha descartado que pueda afectar a las obras proyectadas por esta entidad de saneamiento.
El canon de saneamiento es un recurso tributario de la hacienda pública de la Generalitat, cuyo hecho imponible está constituido por la producción de aguas residuales, a través del consumo medido o estimado de aguas de cualquier procedencia, que paga la ciudadanía en el recibo del agua y que gestiona la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana.
El año pasado se reguló una prórroga del pago a través de dos decretos: el Decreto 6/2022 de 8 de julio, que estableció una moratoria de seis meses, y el Decreto 19/2022 de 30 de diciembre, que fijó que el plazo de la medida expiraba el 31 de julio de 2023.
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