El viernes día 22 de septiembre, el helicóptero de la Dirección General de Tráfico (DGT) con base en Valencia detectó la conducción de una motocicleta de gran cilindrada que circulaba a elevada velocidad por el carril Bus-VAO de la V-21.
El exceso de velocidad llegó hasta 220 km/h en un tramo que está limitado a 100 km/h, lo cual supone un delito contra la seguridad vial al superar en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida.
El personal de vuelo del helicóptero informó a la Central COTA del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia, que desplazó una patrulla al lugar para su identificación, dado que además del exceso de velocidad, conducía de forma irregular, entrando y saliendo del carril Bus-VAO, adelantando entre vehículos sin guardar distancias de seguridad e, incluso, circulando por el arcén derecho.
Cuando el conductor se percató de la presencia del helicóptero, pese a que ya se disponía de la identificación del vehículo, éste se tumbó con el objeto de tapar la placa de matrícula posterior con las zapatillas, tratando de acceder a la ciudad de València para evitar ser interceptado.
Su temeraria forma de conducir le llevó a no poder evitar colisionar con un turismo que se encontraba parado en un semáforo a la entrada a la ciudad. El motorista se salió de la vía e impactó contra una valla metálica, lo que le causó lesiones graves en una pierna.
En el lugar se personó una patrulla del Destacamento Valencia-B, Equipo de Atestados, así como una dotación SAMU y efectivos de la Policía Local de València, siendo atendido y evacuado a un hospital por presentar lesiones consecuencia de la caída.
Por efectivos de Atestados del Subsector de Tráfico de Valencia se abrió una investigación como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial al conducir con exceso de velocidad superior a 80km/h en una vía interurbana y conducir de forma temeraria, para lo cual el Código Penal prevé penas que pueden conllevar hasta dos años de prisión, multa de hasta doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad por un máximo de 90 días y, en todo caso, privación del derecho a conducir que puede llegar hasta los seis años.
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