La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha anunciado que el Ejecutivo intervendrá de manera subsidiaria en el vertedero de Zaldibar ante la «inacción» de Verter, ya que la ausencia de sellado e impermeabilización temporal por parte del Administrador concursal «podría derivar hacia una posible inestabilidad del terreno». Por ello, el Ejecutivo acometerá estas tareas, con un coste previsto de 750.000 euros. «El Gobierno actúa porque la empresa no está actuando», ha añadido.
En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, Tapia ha informado en la reunión del Consejo de Gobierno sobre las principales conclusiones que aporta el Estudio de Estabilidad del Vertedero de Zaldibar, que se derrumbó el 6 de febrero de 2020 provocando el fallecimiento de dos trabajadores.
Según ha explicado la consejera, el Gobierno Vasco, tras un control «ininterrumpido» en Zaldibar, ha certificado que Verter, representada ahora mediante el administrador concursal, ha «incumplido» los requerimientos realizados por la administración y ello «está provocando una reducción progresiva en las condiciones de estabilidad».
Arantxa Tapia ha recordado que se han realizado numerosos requerimientos a Verter, que siempre han sido compartidos con el juez y la fiscalía.
En este sentido, al no haber ejecutado las tareas de sellado e impermeabilización temporal, el Gobierno Vasco asumió de nuevo, de forma subsidiaria, la responsabilidad que le corresponde al titular del vertedero, e impulsó la elaboración de un estudio de estabilidad del residuo.
Tapia ha comunicado que este lunes se recibió dicho estudio en el que se confirma que «la falta de mantenimiento básico y sellado del vertedero podría afectar a la situación de su estabilidad».
La consejera vasca ha apuntado que, si bien la situación en las condiciones secas actuales «no supone un problema inminente», el vertedero «no es viable a largo plazo en su actual configuración».
En este sentido, ha remarcado que la prioridad de la administración es garantizar la seguridad «a lo largo del tiempo, e independientemente de las condiciones meteorológicas de cada momento».
Por ello, Tapia ha indicado que, «a la vista de las conclusiones del estudio de estabilidad, dado que »las labores de control, mantenimiento y seguimiento del vertedero no se han realizado de forma correcta ni de forma adecuada por parte del titular«, el Gobierno Vasco ha decidido nuevamente actuar de forma subsidiaria».
Posibles riesgos
Según ha subrayado, estas actuaciones obedecen a la «falta de respuesta» por parte del Administrador a las necesidades impuestas en los requerimientos efectuados hace unos meses y «al posible riesgo derivado de la pérdida de estabilidad que se está produciendo».
Arantxa Tapia ha afirmado que «las labores de control, mantenimiento y seguimiento del vertedero no se han realizado de forma correcta por parte del titular, generando una situación de riesgo».
La consejera ha avanzado que se va a iniciar una actuación subsidiaria a la mayor brevedad. Según Tapia, en el plazo de dos o tres meses se prevé que la lámina provisional pueda estar instalada y con ella una impermeabilización operativa para un mínimo de 5-6 años".
También ha explicado que «tener una situación de riesgo no significa que pueda haber un problema hoy o mañana, ya que el riesgo se asocia a la cantidad de lluvia y al nivel freático». El Gobierno Vasco considera que este riesgo puede reducirse «considerablemente en un plazo de dos o tres semanas si se procede a la compactación de tierras, con la que se mejorará notablemente la situación del vertedero». «Esta será la primera acción a ejecutar a corto plazo», ha añadido.
Además de las tareas de compactación, la estimación aproximada de los trabajos de instalación de la lámina rondará los 750.000 euros. El Gobierno vasco ha explicado que la lámina evita que el agua de lluvia entre en el recipiente y «se trata de una solución eficaz que se lleva a cabo en varios vertederos de Euskadi».
La consejera ha matizado que «no se trata de un sellado definitivo, pero sí una solución alternativa que pueda garantizar la seguridad en la instalación y la protección del medio ambiente».
«El Gobierno ha añadido que subsidiariamente se abordarán estas dos tareas, también definidas en el propio estudio, de compactación de tierras y de instalación de la lámina, de tal manera que tengamos una solución a cinco o seis años que nos permita abordar con garantías el sellado definitivo del vertedero a largo plazo, que sigue siendo responsabilidad de la empresa Verte Recycling, única y exclusivamente», ha remarcado.
Además, ha precisado que «el incumplimiento reiterado» de los requerimientos de la administración a la empresa, traerá consigo el inicio de los expedientes sancionadores pertinentes, que se va a iniciar «de forma inmediata».
Por otra parte, cuestionada por las declaraciones de la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, en las que aludía a «falta de información» por parte del Gobierno vasco, ha señalado que se ha facilitado toda la información que se ha solicitado tanto por parte del Juzgado como de la Fiscalía. «Siempre se ha respondido en tiempo y forma», ha añadido Tapia, que ha destacado la «disposición y colaboración» de su Departamento.
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