La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que «las vamos a publicar ahora» antes de plantear «un problema técnico», aunque ha asegurado que la información ya la tiene disponible el Ministerio de Sanidad, como la causa de que la información disponible sobre esos dos apartados de la gestión sanitaria de Andalucía, consultas externas y operaciones, estén sin actualizar de cada uno de los centros hospitalarios.
Vinculado con esa no actualización de los tiempos de respuesta de la sanidad sobre consultas externas y operaciones ha relacionado los dos acuerdos marcos que ha lanzado el SAS para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas que suman 730 millones de euros, de los cuales 533 millones es el valor estimado de los contratos para intervenciones.
García ha argumentado que el Gobierno andaluz «siempre» ha explicitado el recurso a la sanidad privada cuando «no seamos capaces de solventar» la demanda que recibe la sanidad pública, antes de esgrimir que ese apoyo con la sanidad privada «lo hace el Gobierno de España» para aludir entonces a la situación de que «el Gobierno ha privatizado la Atención Primaria de las cárceles de Almería y Huelva».
«Sumaríamos recursos cuando tuviéramos problemas de atención», ha proseguido argumentando la consejera de Salud, quien ha blandido la voluntad del Gobierno andaluz de «fortalecer y tener el mejor sistema».
Sobre la génesis de esos dos acuerdos marco para conciertos sanitarios con el sector privado, la responsable de Salud ha explicado que «hace tres, cuatro meses anunciábamos un nuevo modelo de concertación, distinto a los ordinarios», iniciativa que ha enmarcado como una posibilidad que contempla la estatal Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), mientras que ha defendido su contribución desde la perspectiva de que «nos va a permitir mayor agilidad, tener mejores precios, centralizar».
«Vamos a tener muchos mejores resultados», ha remachado su argumentación, antes de explicar que las empresas interesadas en la licitación tendrán un plazo de un mes para presentar sus ofertas y que ahora la premisa de la Junta de Andalucía es que «en esta primera fase se valorará la calidad de la asistencia que prestan», mientras que ha apuntado que «todas las empresas del acuerdo marco estarán preparadas cuando el SAS empiece a licitar».
Preguntada por la sujeción de los centros privados que opten a ese acuerdo marco para las intervenciones quirúrgicas a las exigencias del decreto de tiempos de respuesta, Catalina García ha apuntado que «cada centro elabora el listado» de intervenciones, cuyo envío es semanal, y que «en esa semana estarán operados (los pacientes remitidos)».
La consejera de Salud ha argumentado que el recurso a la concertación con centros privados responde a que «si la sanidad se hace fuera es porque su capacidad es reducida», antes de propugnar la mejora que comportará los acuerdos marcos antes de evocar que antes eran conciertos sanitarios, de los que ha puesto como ejemplo el acuerdo con el Grupo Pascual en la provincia de Cádiz y los 280 millones que el Gobierno andaluz ha debido abonarles por las diferencias en la resolución del contrato anterior y que por ello en el Presupuesto de 2023 se han debido consignar «47 millones de conciertos anteriores que el PSOE dejó sin pagar», así como ha defendido que hoy la sanidad andaluza cuenta con 1.500 camas más cuando heredaron un sistema con 800 camas menos.
En cuanto al peso de los conciertos en la sanidad andaluza, desde la perspectiva del gasto, la consejera ha indicado que en 2017 fue de un 4,22% del gasto sanitario; un 4,19% en 2018; en 2019, un 3,98%; en el 2020, un 4,15%; un 4,08% en 2021; en 2022, un 5,02%; y un 4,03% en 2023.
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