El objetivo de esta medida es «dignificar» la función pública en la Justicia, así como el trabajo que hacen procuradores y abogados, ha explicado Nolasco en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con los decanos de ambos colegios profesionales.
Ha indicado que todavía no han cuantificado las cifras de ese aumento presupuestario, que intentará que sea «el máximo posible dentro de la prudencia» y se concretará «en las próximas semanas».
De momento, el vicepresidente ha señalado que están en un trabajo «de encaje de bolillos» porque en el presupuesto autonómico hay partidas «importantísimas» para Sanidad, Educación y Servicios Sociales, pero ha añadido que la justicia también es «importantísima» y que, además de abogados y procuradores, hay más de 1.200 funcionarios en este ámbito.
En todo caso, Nolasco ha remarcado que las reuniones con el Departamento de Hacienda de cara al presupuesto de 2024 «marchan bien» dado que hay una sintonía no sólo política, sino «personal» con el consejero del área, Roberto Bermúdez de Castro.
«Yo creo que no va a haber ningún problema porque cuando yo anuncié que iba a haber un incremento en Justicia no tuvo nada que objetar y así lo estamos negociando», ha remachado.
Oficina de asistencia a menores víctimas de violencia
En otro orden de cosas, el vicepresidente y los decanos han tratado asuntos como las mejoras en el sistema Avantius o la creación de oficinas de asistencia y protección a la tercera edad, a personas afectadas por la ocupación y también a los menores víctimas de violencia ya que cuando esta es un varón el proceso es «mucho más farragoso y costoso» que cuando es una niña, ha asegurado.
«Queremos --ha abundado-- que todo el mundo tenga los mismos derechos y la misma capacidad de acceder a la justicia».
El decano del colegio de abogados de zaragoza
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha declarado salir «muy satisfecho» de la reunión por el anuncio realizado por el vicepresidente y, sobre todo, por «la compostura que estamos viendo en los inicios de este gobierno en cuanto a primero escuchar a todos los intervinientes en todos los problemas».
Sobre el turno de oficio y la justicia gratuita, ha dicho que tampoco conoce la cifra de la cuantía, pero que ya se han iniciado reuniones con la Dirección General de Justicia para ello.
Morán ha comentado que «es una obligación casi de servicio social y de compromiso del Estado con los ciudadanos» que aquellos que no disponen de medios tengan siempre una defensa y una representación en los procesos judiciales.
Además, ha apuntado que llevaban «un tiempo esperando que el Gobierno de Aragón se sentase a concretar» esas mejoras en la justicia gratuita.
Por otro lado, ha señalado que la plataforma tecnológica Avantius, que es un expediente digital con intercomunicación para todos los profesionales, puede acelerar los procedimientos judiciales y contribuir a proteger mejor los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, ha manifestado que la atención a las víctimas menores de edad es «un imperativo» ya que, desde el año 2002, una ley de ámbito nacional establece que hay que atender incluso con justicia gratuita todos los supuestos de violencia hacia menores y adolescentes. Sin embargo, hasta hoy el Gobierno central no ha puesto en marcha ninguna medida específica para concretar esta obligación.
En ese sentido, se ha congratulado de que Aragón tome la iniciativa para poner en marcha una oficina que va a ser «de utilidad» para un sector «tan delicado» como son los menores.
A este respecto, ha explicado que las mujeres menores de edad están amparadas de forma rápida gracias a una ley del año 2004 y ha considerado que este amparo hay que extenderlo «con la misma eficacia y rapidez» a todos los menores.
El decano del colegio de procuradores de zaragoza
El decano del Colegio de Procuradores de Zaragoza, Pablo Marín, ha mostrado también su satisfacción por la «buena acogida» a sus propuestas y por la «absoluta voluntad de colaborar» para conseguir que la justicia en Aragón sea «puntera» e «importante dentro de España».
Al incluir esta Consejería también las competencias de Despoblación y Desarrollo Territorial, el representante de los procuradores ha incidido en la situación de los juzgados de los partidos judiciales, que son los que atienden a las zonas más despobladas.
De este modo, ha apostado por incidir en su buen funcionamiento porque la justicia tiene que llegar a todos los pueblos de Aragón y no sólo a las tres capitales de provincia. Así, ha instado al Ejecutivo autonómico a cubrir las plazas vacantes y al Consejo General del Poder Judicial a reforzar con jueces si es preciso. Marín no ha citado expresamente a ningún partido judicial, pero sí que ha subrayado que algunos de ellos «atienden una población numerosa» y «deberían ser atendidas sus necesidades».
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