Así lo ha manifestado Ribera en una entrevista publicada este sábado en El País recogida por Europa Press a poco más de 48 horas de que se celebre la primera reunión del grupo de trabajo conformado por representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para buscar una solución consensuada al problema de los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado en 2014.
«El plan de desarrollo territorial y social de esa zona --corona Norte de Doñana-- no pasa por comprar suelo, no pasa por firmar cheques», apunta la ministra de Transición Ecológica, que insiste en que «pasa por invertir en oportunidades de desarrollo diferentes». En este sentido, puntualiza que el programa de compras anunciado en noviembre de 2022 «va dirigido a aquella superficie con derechos de riego reconocidos para liberar esas concesiones de agua y así garantizar que Doñana vuelva a ser un humedal».
«Si hay parcelas que no cuentan con derechos de agua, no tiene ningún sentido comprarlas», sentencia, concluyendo su argumentación con que «tendría enormes dificultades para justificar jurídica y técnicamente dedicarse a comprar suelo en esa zona y no en cualquier otro territorio español. No lo podemos hacer».
La reunión del próximo 9 de octubre se producirá casi una semana después de la que este pasado martes 2 de octubre celebraron en el Palacio de San Telmo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la que ambos responsables anunciaron la apertura de un proceso de diálogo en torno a esta cuestión entre la Junta y el Gobierno, que, según se indicó entonces, iba a contar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al frente de su representación en dicho grupo de trabajo.
El inicio de este periodo de diálogo implica aplazar un mes el debate de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox que modifica el Plan de Ordenación y que pretende regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, que, según advirtió el presidente de la Junta, se retomará en el Parlamento de Andalucía si al cabo de ese tiempo no ha habido un acuerdo entre sendos gobiernos y los afectados.
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