La Comunidad de Madrid ha pedido por carta al Gobierno central 470 nuevas plazas de funcionarios de Justicia, frente a las 178 que prevé adjudicarle, para que no se agrave «la situación de colapso» de la Administración.
Así se recoge en una misiva, adelantada por 'ABC' y a la que ha tenido acceso Europa Press, enviada por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, a la ministra del ramo, Pilar Llop.
El 'número dos' del Ejecutivo madrileño ha trasladado a la ministra que son muy conscientes de «la importancia de la Justicia, como pilar fundamental de un Estado Democrático y de Derecho» pero también de que «la gestión de medios materiales, económicos y personales» sobre los que tienen competencia no puede por si sola «resolver los problemas estructurales que la Justicia tiene planteados desde hace mucho tiempo».
«La pandemia generada por el Covid-19, sumada a las huelgas continuadas de funcionarios y de letrados de la Administración de Justicia, han provocado una situación de colapso que puede verse muy agravada si no se adoptan las medidas oportunas», ha señalado a continuación.
García Martín ha hecho hincapié en que tras la pandemia se crearon planes de refuerzo que implicaron a todo el personal que presta servicio en la Administración de Justicia, en los que la Comunidad de Madrid realizó «un grandísimo esfuerzo».
"sin recursos cualquier esfuerzo es insuficiente"
Además, ha puesto en valor que colaboran «lealmente con el Tribunal Superior de Justicia, cumple fielmente los breves plazos que marca el Ministerio para la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales y ha puesto a disposición los medios materiales a su alcance para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia». Sin embargo, ha puesto el foco en que «sin los recursos humanos apropiados, cualquier esfuerzo es insuficiente».
«Entendemos que la solución pasa necesariamente por incrementar el número de plazas convocadas en las Ofertas de Empleo Público, aumentar su periodicidad y reducir los plazos de resolución. Por supuesto, entendemos que lo anterior ha de hacerse extensivo, a las plazas de jueces, fiscales letrados de la Administración de Justicia», ha señalado a renglón seguido.
En este sentido, el titular de Justicia ha afeado que el criterio del Ministerio «desde hace algunos años» sea «cubrir únicamente el número de plazas que corresponden a la tasa de reposición de efectivos lo que, en el caso de la Comunidad de Madrid, no alcanza para cubrir necesidades reales de los órganos judiciales».
Así, ha recordado que en «la Administración de Justicia se produce una casuística muy particular, que no ocurre en el resto de administraciones públicas, que es la convocatoria anual de un concurso nacional de traslados 'a resultas' que se une a la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales con la misma periodicidad», que se dirigen desde el Ministerio.
Para García Martín, «esto hace, indefectiblemente, que el número de vacantes y puestos a cubrir que se generan, se incremente por encima de la tasa de reposición de efectivos, especialmente en Madrid».
Como ejemplo de ello, ha puesto la última Oferta de Empleo Público correspondiente a los años 2020-2021-2022, donde solicitaron 850 plazas de turno libre y, sin embargo, las plazas adjudicadas fueron 380, menos del 50%.
Ante esto, ha incidido en que el pasado mes de julio publicaron la Oferta de Empleo Público 2023 con un total de 911 plazas para todos los cuerpos destinados en todas las comunidades autónomas con competencias transferidas. De esas 911, se han propuesto adjudicar a esta Administración únicamente 178, cuando, según ha expuesto el consejero, la Comunidad de Madrid requiere de 470 plazas.
«Coincidirá conmigo en que la dotación anterior, no solo es absolutamente deficitaria, sino que, además, hace que sea imposible cumplir el objetivo del 8% de tasa de interinidad que ustedes mismos fijaron», ha manifestado a continuación.
Por todo ello, García Martín ha pedido al Ministerio que reconsideren «el criterio de la tasa de reposición de efectivos como el único válido para calcular la Oferta de Empleo Público y atiendan a las necesidades reales de esta administración autonómica».
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