El jurado popular que enjuicia a los dos acusados por la muerte de dos hombres cuyos cadáveres aparecieron en un pozo de una finca de Cartaya (Huelva) en 2019 ha declarado a ambos culpables del doble asesinato, mientras que tan solo a J.A.M.B lo consideran también culpable de ensañamiento.
Por ello, el jurado ha indicado que la condena para J.A.M.B debe ser de 43 años, al considerar que no hubo ensañamiento y que ha colaborado en la investigación --motivo por el cual el Ministerio Fiscal interesó una reducción de la pena solicitada inicialmente--, y de 48 para J.M.P.P, según han indicado fuentes judiciales.
Así lo han decidido los miembros del jurado, compuesto por nueve personas --más dos suplentes--, tras horas de deliberación después de recibir este miércoles el objeto del veredicto por parte del presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que ha juzgado el caso desde el 16 de octubre.
La Fiscalía solicitaba inicialmente para ambos una pena de 48 años de prisión como presuntos autores de un delito de asesinato con alevosía (23 años) y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento (25 años), así como una indemnización en la cantidad de más de 648.000 euros para familiares de ambas víctimas.
De otro lado, la acusación particular pedía para cada uno de ellos 25 años de cárcel por un delito de asesinato, tres por un delito de daño en la propiedad ajena mediante incendio, 24 meses de multa, a razón de seis euros diarios, por un delito de daño y profanación de cadáver y cuatro años y medio por un delito contra la integridad física y moral.
La Fiscalía sostenía que en días previos al 14 de abril de 2019, los acusados J.A.M.B y J.M.P.P, ambos sin antecedentes penales, «planearon acabar con la vida de M.B.G», con quien «habían tenido graves conflictos previos relacionados, en su mayor parte, con el tráfico de drogas».
De esta forma, mantenía que uno de los acusados engañó a M.B.G para que lo acompañase a una finca ubicada en un camino de Cartaya «bajo el falso pretexto de apoderarse de una cantidad indeterminada de droga que supuestamente estaría allí escondida» y donde les esperaba «oculto y armado con una escopeta de su propiedad» uno de los presuntos autores de dar muerte a estas personas, con la que «pretendían acabar con la vida de MBG disparándole, aprovechando sus habilidades como cazador experto», y «con la intención de no dar a esta persona posibilidad alguna de reacción».
Así, apuntaba que sobre las 22,30 horas de ese día M.B.G llegó a la finca acompañado de S.V.C y el enjuiciado que se encontraba esperando "agazapado a varios metros, a oscuras y oculto entre la vegetación, disparó con su escopeta alcanzando a S.V.C, al confundirlo en la oscuridad con M.B.G, ocasionándole una muerte inmediata.
Tras ello, «disparó también a M.B.G sin llegar a alcanzarle, agotando los cartuchos del arma y acercándose hasta el punto en el que aquel se encontraba junto al otro acusado, acabaron con su vida propinándole uno de ellos repetidos golpes en diversas partes de su cuerpo con la escopeta ocasionando a M.B.G con esta violenta acción un enorme sufrimiento como consecuencia de los incesantes impactos recibidos con el cañón de metal y la culata de madera del arma».
Esta persona murió «tras recibir golpes mortales en el cráneo y pese a sus intentos de defenderse de la agresión, ya que »le fueron propinados numerosos golpes que le produjeron fracturas de cúbito y radio de antebrazo derecho --con el que trató de defenderse de los impactos--, así como contusiones a nivel facial, entre otros daños« que le ocasionaron »al menos 19 lesiones de carácter no mortal en el curso de los hechos y hallándose aún con vida".
Hechos expuestos en juicio
Así las cosas, durante el juicio, uno de los acusados (J.M.P.P) admitió que fue él quien disparó a S.V.C a su llegada a la zona, pero desmintió haber tenido nada que ver con la muerte de M.B.G, al que, según su versión, fue el otro acusado quien le «quitó la escopeta» y «empezó a golpearlo» hasta que falleció, al tiempo que explicó que, tras ello, ambos arrastraron los cuerpos al pozo al que los «arrojaron y taparon», mientras que el otro enjuiciado (J.A.M.B) negó haber tenido nada que ver con la muerte de ninguno de los dos fallecidos.
Así, este acusado aseguró haber sido «engañado» por J.M.P.P, además de afirmar que los cuerpos se quedaron «allí tirados» y que colaboró con la Policía Nacional cuando acudió al día siguiente a interrogarlo por si era conocedor de qué podría haber pasado con estas dos personas y los llevó al lugar de los hechos. En este sentido, este acusado afirmó que los cuerpos habían quedado tirados en la zona y que al llevar a los agentes «ya no estaban».
Por su parte, tanto Ministerio Fiscal como la acusación particular de la familia de S.V.C subrayaron que ambos habían incurrido en declaraciones que «se contradecían» con las de la instrucción judicial, por lo que solicitaron que se tuviera en cuenta las declaraciones anteriores, algo que fue admitido por el presidente del tribunal, al igual que ocurrió con algunas de las testificales del tercer día de juicio cuando apreciaron «contradicciones» en las declaraciones de varios de los testigos con respecto a las que prestaron en sede judicial durante la instrucción.
Por otra parte, familiares de S.V.C negaron en sus declaraciones durante el juicio que hubieran lanzado «amenazas» contra los acusados de este crimen como expresó uno de los encausados durante su declaración en el primer día de juicio y pidieron «justicia» para su familiar y «no más violencia».
De otro lado, los agentes de la Policía Nacional que declararon señalaron que los acusados tenían una «relación de amistad» entre sí y con M.B.G que «estuvo viviendo en Cartaya», así como ha apuntado que todos tenían relación «con el narcotráfico», apuntando que «sobre todo M.B.G», apuntando como «hipótesis» sobre el móvil para los hechos es que uno de los acusados el día antes de la desaparición de los fallecidos había acudido a Sevilla para «liquidar una deuda de M.G.B» por temas de drogas, pero «allí no se la aceptan» y lo «amenazan».
Así, el inspector que llevó el caso señaló que, en base a las pruebas y testificaciones recabadas, J.A.M.B «sale asustado» y «llama a J.M.P.P» --el otro acusado-- al que movía la «animadversión» hacia M.B.G quien «lo tenía amenazado», según indicó este a los agentes en su declaración y al que, además, «echaba las culpas de su divorcio».
Finalmente, facultativos del Servicio de Histopatología de Sevilla que participaron en calidad de peritos relacionaron la herida de bala por la que murió S.V.C. y las que presentaba M.B.G. en su cráneo como «compatibles» con una escopeta u objeto contundente.
De este modo, los peritos señalaron que el corazón de S.V.C --que murió por un disparo en el tórax-- presentaba «una lesión importante» que «afectó a todo el corazón» produciendo «destrozos mortales», toda vez que han subrayado que es una lesión «compatible con arma de fuego», mientras que el cerebelo de M.B.G presentaba una «extensa hemorragia» que «afectaba a todo el cerebro» con características «incompatibles con la vida». En este sentido, con respecto a M.B.G, apuntaron que la cabeza tenía seis heridas «producidas en vida» compatibles con una opresión llevada a cabo «con un objeto contundente».
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