La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha sacado a licitación, por un importe total de 6.123.722,23 euros --IVA incluido--, el contrato para la prestación del servicio social de ejecución del programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Andalucía, cuyo valor estimado asciende a 11.561.707,81 euros, ya que se contempla la posibilidad de prorrogarlo.
Dicho programa se constituye como «un servicio especializado que ofrece una intervención integral a niños y niñas víctimas de violencia sexual, a través de equipos multidisciplinares constituidos por profesionales con formación en los ámbitos psicológico, social y jurídico y con experiencia en el abordaje de este tipo de situaciones», detalla la memoria justificativa de esta contratación, consultada por Europa Press.
El «objetivo central» de este servicio es «asistencial aunque, de forma paralela, sus resultados y actuaciones puedan servir como base para apoyar las denuncias correspondientes, así como prestar colaboración en los procesos judiciales que hubiere lugar».
Este servicio contempla una serie de «actuaciones diferenciadas pero interconectadas» que incluyen, por un lado, la «evaluación de indicadores específicos e inespecíficos, asociados a la victimización de la violencia sexual contra niños y niñas, así como el diagnóstico de los trastornos, secuelas y/o síntomas asociados».
De las actuaciones del proceso de evaluación-diagnóstico «se concluirá con un informe de resultados, valorando el nivel de compatibilidad con el hecho de haber sido víctima de violencia sexual y aportando en cada caso las orientaciones correspondientes», aclara la memoria justificativa.
Por otro lado, el servicio que sale a licitación contempla «el tratamiento psicológico especializado dirigido a niños y niñas víctimas de violencia sexual, fijándose sus objetivos terapéuticos a partir del informe de resultados de la evaluación-diagnóstico o en base a la propuestas motivadas de tratamiento planteadas en otros informes técnicos, si se valora la pertinencia de esta intervención como la más adecuada».
«Una vez concluido el proceso terapéutico se emitirá igualmente un informe de resultados con sus orientaciones correspondientes», se puntualiza en la referida memoria, en la que se detalla también que «el servicio ofrece de manera transversal asesoramiento jurídico, realización de pruebas preconstituidas con los requisitos necesarios y todas las garantías para el niño o niña víctima, preparación y acompañamiento a los niños y niñas, y sus familiares, en su caso, incluidos en el programa en relación a los procesos judiciales relacionados».
De esta manera, el servicio está «destinado a atender a personas menores de edad que lo sean en el momento de su derivación y que residan en la comunidad autónoma de Andalucía, así como el entorno familiar de las personas menores de edad derivadas», si bien, «excepcionalmente», y «para actuaciones relacionadas con el ámbito judicial o administrativo», se podrá «atender a personas mayores de edad que hubieran sido derivadas o atendidas en alguna de las fases del programa cuando aún eran menores de edad».
Contrato por dos años con posibilidad de prórroga
La actuación de este programa se enmarca en el artículo 78 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, y estará relacionada con una de las prioridades --de 'protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia'-- del III Plan de Infancia y Adolescencia 2023-2027, que se encuentra «en fase de tramitación».
El contrato se formalizará por dos años, «renovables hasta un máximo de 24 meses», según se precisa también en la memoria, en la que se detalla igualmente que «el periodo de ejecución se iniciará desde la fecha de formalización» del mismo, que, «en todo caso», no será «antes del 1 de diciembre de 2023».
El pliego de prescripciones técnicas vinculado a esta licitación establece los profesionales de los equipos técnicos previstos para este servicio, que ascienden a 77 para toda Andalucía, de disciplinas como psicología, trabajo social, derecho y administrativos, distribuidos en ocho equipos.
Al hilo, la Consejería que dirige Loles López justifica la licitación de este contrato para las ocho provincias andaluzas argumentando que, «con los profesionales necesarios descritos y una atención media de más de 1.500 menores atendidos al año», no dispone «de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el desarrollo del servicio que se propone».
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