EH Bildu ha llevado a la Cámara vasca una moción para denunciar la «ofensiva contra la normalización del euskera» y rechazar las «numerosas sentencias que vulneran la Ley Municipal aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco».
La coalición ha acordado con el PNV un texto que ha sido aprobado sólo con el apoyo de los grupos firmantes, ya que Elkarrekin Podemos-IU se ha abstenido y PSE, PP, Vox y Cs han votado en contra.
En el mismo, el Parlamento Vasco manifiesta su «firme defensa tanto de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales, aprobada en 2016 con un amplio consenso político, como de la competencia y capacidad de las instituciones para ordenar su actividad» e insta al Gobierno a defender el Decreto 179/2019, «defendiendo la legalidad de los artículos anulados, y utilizando para ello todos los medios jurídicos de que dispone y todas las posibilidades que ofrece el ámbito de la justicia».
Además, se insta al Gobierno Vasco a «continuar desarrollando políticas de normalización y revitalización y a profundizar en el apoyo que necesitan las instituciones del sector público vasco para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, con el fin de afrontar los grandes retos del euskera de cara al futuro» y a «seguir promoviendo y alimentando la adhesión y el amplio consenso social con el euskera».
La Cámara también pide a todas las instituciones públicas que «profundicen en los servicios de su competencia prestados hasta la fecha para garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y en concreto, insta a los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, así como al resto de las instituciones públicas y al personal público que integra el sector público a »mantener su trabajo y compromiso de los últimos 40 años en la normalización del uso del euskera, con el fin de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía".
Finalmente, el Parlamento se suma a la declaración realizada el 10 de mayo por Euskalgintzaren Kontseilua y otros muchos agentes, y denuncia «con firmeza» las sentencias que «atentan no sólo contra la revitalización del euskera, sino también contra un amplio consenso social». Además, se suma a la manifestación convocada el 4 de noviembre por Euskalgintzaren Kontseilua para «denunciar esta ofensiva».
En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha criticado que «el poder judicial español está inmerso en una constante ofensiva contra el euskera, y ya existen 15 sentencias contrarias a la normalización y revitalización de la euskera» que «no son una casualidad, no son casos aislados, son una ofensiva bien organizada», ya que «todas las demandas son iguales en todos los lugares y han sido impulsadas por fuerzas ultraderechistas, retrógradas y llenas de odio».
«En estos momentos son los jueces quienes están haciendo política lingüística de facto. Los que no son nada en este país y nunca lo van a ser, quieren conseguir lo que no pueden, de ninguna manera, en las elecciones, a través de los tribunales», ha denunciado.
Agirre ha reconocido que «no se puede obligar a nadie a hablar, a amar, ni a vivir en euskera». «Nosotros no imponemos, pero quienes nacemos, vivimos y queremos morir en euskera, tenemos el derecho a ello. A nosotros tampoco nos pueden imponer otro idioma. Todos juntos, desde el consenso, tenemos que afrontar y hacer frente a esta ofensiva contra el euskera», ha reclamado.
"sentencia del miedo"
El parlamentario del PNV Aitor Urrutia cree que la decisión de los tribunales de anular artículos sobre el euskera del citado decreto «es una sentencia del miedo» porque «cada vez que se plantea en el ámbito del euskera seguir avanzando, la normalización del euskera se encuentra con el miedo de que el castellano va a desaparecer, y esto no es así porque el castellano tiene muy buena salud en Euskadi; no sé si sobre el euskera podríamos decir lo mismo».
«El autogobierno se tiene que defender todos los días», ha defendido antes de subrayar que el Gobierno Vasco tiene derecho a usar «todas las herramientas para hacer frente a este tipo de sentencias», aunque cree que «hay que hablar antes de llegar a los tribunales».
El parlamentario de PSE Alberto Alonso ha explicado que «frente a los que buscan la homogeneidad cultural y lingüística, los socialistas defienden la multiculturalidad y el pluralismo» y ha recordado que «en democracia, el papel de los jueces es interpretar las leyes» y «velar por que nadie se salte las reglas del juego».
Alonso ha reconocido el papel de los sindicatos UGT y CCOO de Euskadi, que «frente al ruido y las presiones, han comprendido que su principal prioridad ha de ser la defensa del derecho a un empleo digno, estable y bien remunerado». «¿Por qué nadie está hablando de aquellas trabajadoras que, con más de 50 años de edad y en algunas ocasiones más de 30 años sirviendo a nuestra Administración, ahora se pueden ver en la calle? Nadie se va a manifestar para defender sus derechos», ha reprochado en referencia a esa posibilidad para los empleados que no acrediten el perfil lingüístico correspondiente.
"como arma arrojadiza"
La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha criticado que «últimamente se está utilizando el euskera como arma arrojadiza en los tribunales, lo que »en ningún caso beneficia al euskera y tampoco a la sociedad vasca".
González ha señalado que es responsabilidad del Gobierno Vasco la actualización de los decretos para «evitar la judicialización de la euskera» y considera que «no es lícito penalizar a alguien con la pérdida de su empleo porque debe encargar sobre las espaldas de trabajadores el fracaso de las políticas lingüísticas» y ha rechazado que las trabajadoras que «con el decreto de perfiles y sus derechos laborales en la mano han ido a defender legítimamente sus puestos de trabajo» formen parte de la «ofensiva» denunciada por EH Bildu.
El parlamentario de PP Carmelo Barrio ha asegurado que «no existe ninguna ofensiva» y lo que «se da es el normal funcionamiento de jueces y de tribunales aplicando las leyes» y cree que lo que quiere EH Bildu es «imponer una lengua, y eso no es legal».
Tras defender que «las sentencias no están para que nos gusten, están para cumplirlas, y si no nos gustan para recurrirlas», ha contestado a EH Bildu que «los derechos no son de las lenguas, son de las personas que hablan las lenguas». «El euskera es un derecho de los ciudadanos y una obligación para la Administración y no a la inversa», ha recordado.
La parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha afirmado que «el euskera es de todos y forma parte de todo el patrimonio de la totalidad de los vascos» y por ello, «se puede estar perfectamente a favor del euskera y al mismo tiempo, en contra de las políticas lingüísticas »abusivas y desproporcionadas«. »El Poder Judicial no está atacando al euskera, simplemente realiza su labor de corregir unas políticas lingüísticas que exceden los parámetros de lo legalmente tolerable", ha subrayado.
El parlamentario de Cs Jose Manuel Gil ha afirmado que no existe «una ofensiva ni judicial, ni de ningún otro tipo contra el euskera» y cree que «esto es fruto sólo de la obsesión nacionalista». Además, ha acusado a los partidos nacionalistas de usar la palabra 'euskerafobia', para «dar la vuelta al tema y estigmatizar a cualquiera que se oponga a la imposición del euskera a toda la población».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.