La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este lunes el juicio contra una mujer de 42 años acusada de asesinar a su bebé al poco tiempo de haber nacido en el domicilio ubicado en un paraje de Vícar (Almería) donde lo alumbró para, posteriormente, enterrar su cuerpo a las puertas de la vivienda mientras se desprendía de otros restos, como la placenta, arrojándola a una balsa de riego.
La Fiscalía pide para la mujer una pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato en grado de consumación, concurriendo la agravante de parentesco, de modo que será un jurado popular el que se encargue de analizar los testimonios y pruebas que se expondrán durante los cinco días que está previsto que dure la vista oral.
En este sentido, durante la primera sesión del juicio que dirigirá el magistrado-presidente Jesús Miguel Hernández se espera la constitución del jurado así como la declaración de la acusada, quien permanece en prisión provisional por los hechos que tuvieron lugar el 7 de marzo de 2020.
Según consta en el auto de hechos justiciables, consultado por Europa Press, la acusada habría dado a luz a un bebé que nació «vivo» en su vivienda, después de ocho o nueve meses de gestación. Habría sido pocos instantes después, «con intención de causarle una muerte cierta», cuando le habría «asfixiado con sus manos».
El jurado deberá determinar estos hechos así como la presunta acción posterior de la mujer, quien conforme a las acusaciones habría enterrado el cuerpo del recién nacido «junto a la puerta de su vivienda, debajo de un gran bidón», «sin comunicarlo en ningún momento ni a sanitarios ni a autoridades policiales».
La Guardia Civil encontró posteriormente la placenta dentro de una bolsa arrojada a una balsa de riego próxima a la vivienda de la acusada, quien ingresó en prisión provisional tras ser detenida por estos hechos. La investigación se centró en buena parte en dirimir si la muerte del bebé se produjo durante el alumbramiento o en el transcurso de las horas posteriores.
En este sentido, se prevé la declaración de siete testigos y una docena de agentes de la Guardia Civil que han participado en el esclarecimento del caso, así como de forenses que se encargaron de realizar la autopsia del neonato. También se analizará la prueba documental propuesta por las partes.
Además de la máxima pena prevista en el Código Penal, la Fiscalía solicita para la acusada una medida de libertad vigilada de diez años y una indemnización para el padre de la menor de 120.000 euros, quien ejerce la acusación particular y le imputa a la mujer un presunto delito de asesinato con alevosía y premeditación.
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