Así se recoge en una respuesta parlamentaria del Gobierno central a una pregunta escrita registrada en el Congreso por los diputados de Sumar Enrique Santiago y Toni Valero, que ocupan escaño en la Cámara baja por las provincias andaluzas de Córdoba y Málaga, respectivamente.
La respuesta del Gobierno en relación a esta cuestión relativa al Bono Alquiler Joven, consultada por Europa Press, está fechada el pasado 16 de octubre, y comienza subrayando que por parte del Ejecutivo central «existe un seguimiento de las convocatorias y ayudas del Bono Alquiler Joven».
Según detalla el Gobierno en su contestación, el importe transferido a la administración andaluza por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en concepto de las ayudas del Bono Alquiler Joven, que debe gestionar la Junta, ascendía a 34.200.000 euros en 2022 y a 25.650.000 en 2023, a lo que hay que añadir que, «en el último trimestre» del actual ejercicio de 2023, «se transferirán 8.550.000 euros adicionales conforme a lo establecido en la Ley General Presupuestaria».
Incluyendo este último importe, la Junta de Andalucía «habrá recibido un total de 68.400.000 euros», según indica el Gobierno en su respuesta a los diputados de Sumar, a los que también contesta que el Gobierno autonómico «está realizando las gestiones conforme a las exigencias del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025».
El Ministerio que dirige Raquel Sánchez, según abunda la respuesta del Gobierno, «mantiene contacto permanente con todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, tanto en este asunto como en otros correspondientes a la política de vivienda, y se trabaja para facilitar una gestión rápida y eficaz por parte de las comunidades autónomas, también de la Junta de Andalucía».
«Una vez que haya finalizado el procedimiento de transferencia de crédito se convocarán reuniones para el seguimiento de la ayuda Bono Alquiler Joven, incluida la justificación de ésta al Mitma», continúa explicando el Gobierno antes de advertir de que, «una vez transferida la totalidad de los fondos, las comunidades autónomas deben justificar el correcto empleo de éstos».
Finalmente, el Gobierno concluye incidiendo en que «la gestión de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas», y «el Mitma realiza un seguimiento de las actuaciones y transferencias de fondos».
La ministra sugirió a la junta que complemente las ayudas
Diez días después de la fecha que figura en esta respuesta del Gobierno, el pasado 26 de octubre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, participó en una jornada organizada en Sevilla por el PSOE-A en colaboración con Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) orientada, entre otras cuestiones, a que la representante del Gobierno central contestara a jóvenes afectados por la demora de la tramitación del Bono de Alquiler en esta comunidad dudas que tuvieran al respecto.
En una atención a medios junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, la ministra tachó de «desastrosa» la gestión que por parte del Gobierno andaluz del PP-A se estaba llevando a cabo de esa ayuda, y sugirió a la Junta que la «complemente» con un plus para «compensar» a esos jóvenes beneficiarios que se han visto afectados por esas demoras.
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