Arranz ha informado en una rueda de prensa de que el Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la inmigración ilegal, una medida, ha anunciado, que se replicará en otros parlamentos autonómicos y en ayuntamientos.
Ha considerado que la «invasión inmigratoria» que sufre España, al igual que el resto de Europa, es un problema «grave» y supone un «alto riesgo» para la «seguridad, convivencia, el estado de bienestar y la prosperidad» del continente. En este sentido, ha reprobado a las «élites gloablistas» de Bruselas que hayan implantado un modelo de migración «masiva y descontrolada», en lugar de promover políticas de fomento de la natalidad, apoyo a las familias y a los trabajadores.
Arranz ha tachado al Gobierno de España en funciones y, en especial a su presidente, de «aliados y promotores» de las políticas «globalistas y de multiculturalismo» promovidas por la Unión Europea y que sufren --ha dicho-- «directamente» los españoles en sus barrios y municipios, donde aumenta de manera exponencial la inseguridad ciudadana y los delitos.
Este hecho, ha continuado, también genera problemas de convivencia, precarización de los empleos y «la entrada de culturas incompatibles con la nuestra». Ha remarcado que las «élites», con su discurso «buenista y multicultural», esconden «de forma hipócrita» un drama humano, argumentando que al favorecer la inmigración masiva, los países de origen renuncian a toda esperanza de desarrollo, puesto que de allí sale la juventud «mejor preparada» para servir de mano de obra barata en Europa.
Situación límite
La situación está «completamente desbordada» y ha llegado a su límite en las Islas Canarias, ha advertido Arranz, donde se ha recibido a más de 28.000 inmigrantes ilegales, anotando la cifra de 5.000 llegadas en una sola semana, principalmente procedentes de Senegal.
Las personas que llegan, ha comentado, han emprendido largos y peligrosos viajes, incluso arriesgan sus vidas, «resultando fallecidos en muchas ocasiones», de manera que son «víctimas» de los políticos, asociaciones y organizaciones internacionales «que colaboran activamente con las mafias del tráfico de seres humanos y que hacen negocio de la tragedia humana y del buenismo».
El diputado de VOX en el Parlamento aragonés ha recordado que su formación alerta de esta situación «insostenible» desde hace tiempo, pero solo encuentra «insultos y demagogia» de otros partidos políticos, medios de comunicación y asociaciones.
«España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para no seguir el camino al precipicio de esas ciudades multiculturales que han demostrado ser completamente modelos fallidos y negativos en Francia, Reino Unido, Bélgica o Suecia», ha emplazado.
Inmigración legal, un activo
Por otra parte, David Arranz ha explicado que la inmigración «legal, controlada y adaptada a las necesidades socioeconómicas de España», con voluntad de trabajar, integrarse, convivir en paz y contribuir al desarrollo de la nación es considerada «un activo, un fenómeno natural y positivo» por VOX.
En este sentido, ha comentado que no se puede tratar mejor a los inmigrantes ilegales que a los legales, puesto que los últimos han respetado la ley y seguido los procedimientos administrativos y requisitos marcados. De hecho, ha apostillado, la inmigración ilegal «perjudica gravemente a los procesos de integración y asimilación de los extranjeros que ya estaban aquí y que habían conseguido arraigarse en nuestra sociedad».
Extender el problema
Asimismo, ha opinado que la «nefasta» política de Sánchez de reubicar a los inmigrantes ilegales por España, «extendiendo un grave problema de inmigración ilegal» por las comunidades autónomas «sin ningún control», agrava el problema y el peligro, debido a que se desconoce la identidad real de los migrantes, así como sus antecedentes penales, su estado de salud y su voluntad de integración.
Ha enfatizado que la mayoría de los inmigrantes llegados a Europa son varones jóvenes, en edad militar, frente a un escaso número de mujeres, ancianos y niños.
Con respecto a los inmigrantes que han recalado en Aragón, en torno a 400, ha calificado de «agravio comparativo y escandaloso» que se les hospede en hoteles, «a veces de lujo», e incluso balnearios; mientras que a los afectados por la erupción de volcán en la isla canaria de La Palma, «españoles», se les reubicó en contenedores metálicos.
Igualmente, ha criticado la oferta de formación y empleo para inmigrantes ilegales por parte de la patronal empresarial en Aragón, una voluntad integradora y unos recursos que no se dedican a emplear a los jóvenes y mayores de 50 años españoles en situación de paro.
Efecto llamada
El parlamentario aragonés ha reclamado «poner fin» a las políticas de «efecto llamada y fronteras abiertas», a la vez que se traslada un mensaje «muy claro» de que cualquier inmigrante ilegal «nunca regularizará su situación en España». Al Gobierno de España, le ha pedido que no eluda sus responsabilidades y «expulse, de manera inmediata, a todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente al país».
Además, ha abogado por eliminar las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y a las organizaciones, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal; así como por endurecer las penas contra las mafias de tráfico de seres humanos y todo aquel que colabore con ellas.
«España debe impulsar, junto a sus aliados, un bloqueo naval que proteja nuestras costas y fronteras de la llegada de inmigrantes ilegales y asegure su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros, a los países de origen o de tránsito», ha sugerido, porque no se puede tolerar que los estados «promuevan oleadas masivas de inmigrantes y las use después como arma diplomática».
También ha solicitado auditar los programas de cooperación internacional existentes, desechando aquellos que se desarrollen en países que no colaboran con la lucha contra la inmigración ilegal. Ha señalado que es «evidente» la necesidad de reformar la normativa en materia migratoria para convertirla en una herramienta «eficaz» para proteger las fronteras y asegurar una inmigración legal y ordenada.
Solución
Arranz ha expresado que la inmigración ilegal es un problema «sin solución» en muchos lugares de Europa, pero en España «creemos que aún estamos a tiempo de revertirlo con voluntad política firme y decidida».
Por último, ha detallado que la PNL incluye una batería de medidas concretas que las Cortes de Aragón deben instar al Gobierno de Aragón, y otras, propuestas para que sea el Ejecutivo autonómico el que las reclame al Gobierno central.
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