La candidatura cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comunidad de Madrid y ha sido presentada por el director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, José Herrera, junto al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Carlos Cuerpo, y el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, ha indicado el Consistorio en un comunicado.
Esta candidatura cuenta, además, con el apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, como así se puso de manifiesto en la declaración institucional de apoyo a la candidatura aprobada por unanimidad el pasado 28 de febrero, y con un respaldo de los organismos públicos y privados implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como del ámbito económico.
Entre las fortalezas de la candidatura de Madrid destacan «la solidez del marco normativo e institucional de España en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de gran experiencia y reconocimiento internacional, que ha recibido las más altas valoraciones del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), organismo de referencia en la materia».
Según las calificaciones de este organismo, España es el primer país de la Unión Europea en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras cuestiones, gracias al uso de tecnologías innovadoras y de inteligencia financiera.
A ello se suman, según ha señalado el Ayuntamiento, las condiciones de vida de la capital de España, donde el coste de vida es menor que el de otras capitales europeas, lo que, junto a los servicios públicos, la red de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones y su situación geográfica como capital internacional, hacen que Madrid «supere con creces los requisitos para albergar la sede de la nueva autoridad europea y, de hecho, los ha presentado como una de sus grandes fortalezas».
Además, el Ayuntamiento de Madrid ya ha reservado la sede física que acogería AMLA en el caso de que su candidatura fuera la elegida. Se trata de la Torre de Cristal, una de las llamadas 'cinco torres', los cinco grandes edificios de referencia del distrito financiero de la capital española.
Si Madrid fuese designada sede, el Consistorio se ha comprometido al pago mensual durante un periodo de cinco años, de unas instalaciones de hasta 2.820 metros cuadrados de superficie, junto a sus plazas de aparcamiento, y cuyo uso cederá posteriormente a AMLA.
Liderazgo en españa
España es actualmente el único país del mundo en el que 10 de los 11 indicadores de evaluación de la efectividad de su sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han obtenido una calificación de 'Sustancial' o 'Alto'. Esta elevada calificación sitúa a España como uno de los países con un sistema de prevención de blanqueo de capitales más seguros.
GAFI valora especialmente el sistema de inteligencia financiera y el modelo de supervisión de España. La Unidad de Inteligencia Financiera española, SEPBLAC, es una institución con reconocidos profesionales en el ámbito internacional y con un modelo similar al que tendrá AMLA, según el reglamento europeo para la creación de esta nueva autoridad, con competencias tanto en materia de supervisión como de coordinación de funciones de inteligencia financiera. Esta experiencia constituye una fortaleza más de la candidatura de Madrid.
El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este paquete, que ya cuenta con el respaldo del Consejo, recoge también la propuesta de creación de AMLA.
Entre las funciones de esta nueva autoridad, están la armonización y coordinación de las prácticas de supervisión en los sectores financiero y no financiero, la supervisión directa de las entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo y la coordinación de las unidades de información financiera.
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