La Asamblea acoge hoy un Pleno en el que volverá a colarse la política nacional y los pactos con independentistas

Concretamente, será el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, quien preguntará a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por cómo afectan a la Comunidad de Madrid estos pactos anunciados por los socialistas, entre los que se incluyen la condonación de la deuda a Cataluña y una futura Ley de Amnistía.

Ayuso ha censurado en los últimos días que condonar la deuda por «interés político» destroza la imagen de España «como país en el que se puede confiar» y ha rechazado la amnistía, al considerar que «saltarse la ley es y debe seguir siendo delito».

Más allá de esta cuestión, la sesión plenaria comenzará con un minuto de silencio por el asesinato de una mujer a puñaladas en Getafe la semana pasada, un caso que se investiga como posible violencia machista.

Además, los portavoces de los grupos de la oposición preguntarán a la dirigente madrileña por la Sanidad madrileña (Vox y Más Madrid) y por cómo valora la productividad laboral en la región respecto a la de otras regiones (PSOE).

Posteriormente, serán los consejeros del Gobierno madrileño quienes tendrán que responden a las preguntas de los diputados sobre, entre otras cuestiones, las condiciones laborales de las trabajadoras de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad, el servicio de taxi a demanda o la atención a los menores extranjeros que llegan desde las Islas Canarias.

Además, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, comparecerá para dar cuenta de la gestión en los centros residenciales y de Día para personas mayores dependientes y se debatirá una moción consecuencia de interpelación sobre las políticas de administración local.

En el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL), los grupos parlamentarios debatirán sobre la discriminación racional en el acceso a la vivienda, adaptar las Ofertas de Empleo Público de la Administración de Justicia a las necesidades reales o sobre revisar el modelo actual de promoción de vivienda protegida, de manera que las empresas constructoras puedan asumir el encarecimiento de los costes y materiales.