Así lo han explicado fuentes consultadas por Europa Press, después de que el PSOE y Junts hayan cerrado una acuerdo que incluye una amnistía que, según Junts, incluye casos de 'lawfare'.
La semana pasada, el líder de ERC, Oriol Junqueras, explicó que la amnistía que habían cerrado con los socialistas era «para todo el mundo, sin exclusiones ni excepciones para todos los que participaron en el 9N, el 1-O, Tsunami Democràtic, CDR y los que participaron en actos de protesta en contra de unas sentencias que eran injustas».
Por su parte, las negociaciones entre el PSOE y Junts se han alargado en el tiempo porque los segundos querían definir el redactado y el alcance de la amnistía, y que recogiera casos que consideran de 'lawfare' como el que afecta al jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en el marco de la causa 'Volhov', que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista.
También querían que la amnistía incluyera otros nombres, como el del exconseller Miquel Buch; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borrà
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