En concreto, el PP ha registrado una Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid con la que pretende «seguir avanzando en la línea de claridad y simplificación normativa de la Comunidad de Madrid».
En este sentido, plantea una ley que contempla una parte expositiva, diez artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales para introducir moficicaciones que afectan a un total de quince textos legislativos que regulan instituciones y órganos fundamentales.
Según el PP, se busca «dotarlos de mayor agilidad y eficacia o para superar situaciones de bloqueo en sus actuaciones», así como una homologación con la legislación estatal, «a la vez que actualizar la normativa autonómica que, conforme a la experiencia, ha demostrado la necesidad de su reforma».
Las modificaciones afectan a normativas como la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Conbsejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid, la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Igualmente, modifica la Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, la Ley de Medidas Urgentes para el para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, la Ley de Cooperativas, la Ley de creación del sistema integrado de Protección Civil y Emergencias, la Ley del Suelo, la de Protección de los Consumidores, Forestal o de Protección de la Naturaleza, Vías Pecuarias.
Asimismo, se añade una disposición adicional para mantener la cobertura de puestos de libre designación en la Comunidad de Madrid y controlar el traslado de funcionarios hacia otras administraciones. Se exigirá así, al igual que en el Estado, un informe previo favorable del departamento correspondiente para autorizar el destino por libre designación en otra administración.
Ley trans y lgtbi
De forma paralela, el PP ha registrado también dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
El objetivo, según han explicado desde el partido, es «dar mayor claridad y seguridad jurídica, así como eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI».
Entre otros, las modificaciones buscan «corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como 'de género', que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución».
En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la 'discriminación por error', que es una variante de facto de la falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes. «Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de 'autodeterminación de género', ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera», indica el texto sobre la normativa LGTBI.
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