La fiscal en el juicio contra seis agentes que usaron un ariete para acceder a una vivienda ha confiado en que las grabaciones que captaron lo ocurrido el 21 de marzo de 2021 lleve a su absolución al considerar que demuestran que los policías estaban «convencidos» de que se estaban cometiendo delitos, lo que respaldaría la intervención policial.
Este caso llegó a un juzgado de instrucción por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que instó a juzgar a los seis policías al estimar el recurso interpuesto por el morador contra el auto la decisión del juez de levantar a cinco de ellos la imputación a instancias del fiscal.
El juicio ha arrancado este martes con los alegatos previos de las partes y la proposición de prueba. Mañana, declararán ante el tribunal los seis acusados, quienes defenderán que la actuación fue «plenamente constitucional».
Los hechos se produjeron la madrugada del 21 de marzo de 2021 cuando un vecino del número 18 de la calle Lagasca de la capital alertó a la policía del ruido que procedía del piso 2.C del inmueble, donde se celebraba una fiesta con catorce personas, dos de ellos con familias de renombre, a pesar de las restricciones de aquella época por la pandemia.
Este vecino habría llamado días antes a la Policía ante las fiestas que se hacían a diario en la vivienda y denunciaba que él y su mujer estaban desesperados ante esta situación en pleno punto álgido de la pandemia.
La única acusación particular, que ejerce el letrado Juan Gonzalo Ospina, considera que los hechos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada, por lo que solicita dos años y seis meses de cárcel e inhabilitación.
Este abogado ha denunciado privilegios a la parte contraria al permitirle ayer la Sala solo dos recusaciones para descartar a miembros del jurado afines a los agentes, lo que anticipa a su juicio una causa de nulidad de la vista oral.
Precedente jurídico
En su informe previo, el letrado Juango Ospina ha emplazado al jurado popular a centrarse en dos pilares: en la inviolabilidad del domicilio y en que se ejecutó de forma contraria a derecho «a sabiendas» de su ilegalidad.
«No es un juicio contra la Policía. En España tenemos la mejor Policía, más quisieran en otros países tener a nuestra policía», ha subrayado. Tras ello, ha apelado a que «si se dicta un veredicto de culpabilidad se dotara a España de una garantía constitucional y se sentará un preferente jurídico en este tipo de actuaciones policiales».
«No invalido que incumplieran las normas Covid. Muy Mal. Pero el principio de proporcionalidad es muy importante. Les pido que demuestren que en España la ley es igual para todos», ha reseñado el letrado, insistiendo en que la morada es nuestro «único reducto de intimidad» y en que diecisiete jueces decidieron que este caso se tenía que enjuiciar.
Defiende que los agentes de la Policía Nacional «se saltaron a la torera» el procedimiento cuando podían haber solicitado una orden judicial en Plaza Castilla, a diez minutos en coche de la calle Lagasca de Madrid.
En su turno, la fiscal Inmaculada Sánchez Cervera ha comenzado su intervención destacando que en este juicio «no se juzga el sistema democrático, sino unos hechos puntuales». Seguidamente, ha destacado que hay que valorar el contexto de aquella época por el Covid al tratarse de «una situación absolutamente extraordinaria».
«Los agentes realizaron una intervención y tienen que decidir si accedieron a sabiendas de no respetar la legislación vigente. Hay que ver la creencia en la que ellos actuaban al concurrir un error de tipo vencible», ha dicho explicando que el autor de delito puede actuar en una creencia errónea, por lo que están exentos de responsabilidad.
La fiscal ha subrayado que «hay una prueba absoluta que es la grabación de las cámaras de seguridad», unas imágenes que se proyectarán en la vista oral en la prueba documental y que mostrará, según ha recalcado, que estaban convencidos de que se «estaba cometiendo un delito».
Por su parte, una de las defensas de los agentes, el letrado Juan Antonio Frago, ha señalado que si sus clientes son condenados ingresarán en la cárcel al no permitir rebajas las penas de los delitos de los que se le acusa.
«No buscamos un error de tipo, la actuación fue plenamente legal», ha reseñado y ha hecho hincapié en que entre los catorce asistentes había dos mujeres de familias «poderosas» en este país. Según ha dicho, el jefe del operativo sabía perfectamente lo que hacía y además grabó la actuación, lo que se aportó en el juzgado.
Los agentes se enfrentan a cuatro años de cárcel a petición del inquilino. El fiscal solicita la absolución de cinco de los policías y entiende que en el caso del jefe de grupo actuó en la creencia de que el acto era legal.
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