Romeva confía que la amnistía abra "una etapa más" en el 'procés' y apuesta por camino "pacífico" para autodeterminación

Para ello, Romeva ha apostado por un proceso «pacífico» de cara a ejercer la autodeterminación. «Existe margen para hacerlo», puesto que «ni la Constitución ni el Código Penal lo prohíben», ha subrayado durante su intervención este martes en València en el acto 'En defensa de la amnistía', organizado por el Bloc d'Estudiantat Agermanat (BEA) de la Universitat de València (UV).

Precisamente, Romeva, junto a otros dirigentes de Junts y ERC, podría ser uno de los beneficiarios de la Ley Orgánica de Amnistía para la «normalización institucional, política y social en Catalunya», que el PSOE registró este lunes en el Congreso. Romeva (ERC), junto con los también exconsellers Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC), fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Serán parte de los juzgados por el Tribunal de Cuentas (TCu).

Junto a Romeva, y como ponentes invitados, han participado en el acto celebrado en el salón de actos de la Biblioteca Gregori Maians del campus universitario de Tarongers la componente de la junta directiva de Òmnium Cultural Elena Jiménez y el profesor titular de Derecho Penal de la UV Javier Mira.

El también vicesecretario general de prospectiva, Agenda 2030, Transición Ecológica y Deportes de Esquerra Republicana de Catalunya ha criticado al poder judicial porque, a su juicio, «no cumple las leyes» del Estado de derecho y ha cargado particularmente contra el Tribunal Constitucional porque, a su juicio, fue «quien primero rompió el orden constitucional» al «vulnerar los principios del derecho para hacer política». Frente a todo ello, ha defendido «la separación de poderes».

«Yo he ido a prisión por defender los derechos y las libertades del pueblo, por mis principios republicanos y demócratas, pero no he cometido ningún delito», ha defendido, al tiempo que ha subrayado que el debate político «no va de ser independentista», sino «de ser demócrata y de si nos creemos la democracia como valor». «En democracia, las urnas no dan miedo», ha recalcado, para seguidamente subrayar que «vivimos en un estado demofóbico, donde las urnas dan miedo al poder».

Así, Romeva ha confiado en que la amnistía sirva para «abrir una etapa más en el 'procés' para permitir el debate que tanto nos han negado». «El camino no es rápido ni fácil, pero es irreversible», ha subrayado, al tiempo que ha argumentado que a él no le hizo independentista «ningún partido, sino la represión del Estado».

En este contexto, el dirigente de ERC ha apostado por un proceso «pacífico» para el ejercicio de la autodeterminación, ha considerado que existe «margen para hacerlo», puesto que «ni la Constitución ni el Código Penal lo prohíben».

"perseguidos por razones políticas"

Por su parte, Elena Jiménez (Òmnium Cultural) ha afirmado que «la mayoría» de las personas que se verían beneficiadas de la amnistía «serán gente anónima por ejercer sus derechos fundamentales», personas, ha insistido, que han sido «perseguidas por razones políticas».

«La amnistía forma parte del principio de la solución de la represión que hemos vivido en Catalunya», ha apuntado, al tiempo que ha justificado esta medida frente a «la persecución por razones políticas y la desviación de poder para combatir un movimiento político por la vía judicial».

El profesor Javier Mira, por su lado, se ha mostrado también partidario de la ley de amnistía y ha asegurado al respecto que «no hay ningún obstáculo en la Constitución para aprobar» esta norma. De hecho, ha precisado que la Carta Magna «hace una mención explícita a que el Gobierno, a través de una ley en las Cortes Generales, puede conceder una amnistía».

«Los jueces tienen la visión distorsionada de la separación de poderes», ha asegurado, al tiempo que ha calificado de las concentraciones de jueces y fiscales como «una intromisión del poder judicial en el poder legislativo».