En su comparecencia, a petición propia, ante las Cortes de Aragón, la consejera ha señalado que, según los informes pertinentes, el aula de Caneto, en la que están escolarizados 21 menores, «nunca ha cumplido ni con las condiciones de seguridad, ni con las urbanísticas ni con las educativas para ser una escuela».
«Todas las acciones adoptadas en relación al espacio clausurado en la localidad de Caneto están fuertemente motivadas por razones de seguridad: la de los 21 niños y niñas que hacían uso de esa escuela ilegal», ha expresado.
Acusaciones al anterior gobierno
En este sentido, ha recriminado al anterior Ejecutivo autonómico «la gestión de patada para adelante» desarrollado en los últimos cuatro años sobre este espacio y ha preguntado por qué no se regularizó antes la situación.
«Han alentado a las familias con mentiras y han hecho la vista gorda. No pudieron legalizarla porque no cumplía los requisitos para hacerlo», ha espetado.
Mientras tanto, «el Ayuntamiento aseguraba la legalización del aula, la Consejería ponía recursos en un espacio no autorizado, la Diputación de Huesca invertía en infraestructuras sobre un suelo de pastos y la Comarca de Sobrarbe contrataba personal para alumnado de dos años en una escolarización no autorizada», ha criticado Pérez Forniés.
Ha recordado, asimismo, que para abrir una escuela pública «hay que cumplir unos requisitos recogidos en el Real Decreto 123/2020 por no hablar de lo que respecta al tema urbanístico según el Real Decreto 214/2006».
A este respecto, la consejera de Educación ha remarcado que «la de Caneto no cumple, según los informes pertinentes ni las condiciones de seguridad, ni las urbanísticas, ni las educativas para ser una escuela».
Además, se ha cuestionado quién se hubiese hecho responsable en los últimos años si algún alumno o profesor --oficialmente matriculados y adscritos al Colegio de Educación Infantil y Primaria (ECEIP) La Fueva, de Tierrantona-- hubiese sufrido un accidente en las instalaciones.
El anterior gobierno era "conocedor" de la situación
Ha agregado también que el anterior departamento era «plenamente conocedor» de esta situación «irregular» ya que, en abril de 2023, la inspectora de zona solicita al Servicio Provincial de Educación de Huesca sobre cómo actuar al comprobar que había profesorado en un colegio no autorizado.
De igual forma, en junio de este año, la propia directora del CEIP La Fueva envía una carta a la Consejería quejándose de la «inseguridad» que le provocaba este aula, ha confirmado la consejera.
Por ello, el Ejecutivo aragonés decide enviar a la Inspección, que elabora un informe «exactamente igual de demoledor que el informe que recibió el señor Faci --el anterior consejero de Educación-- en octubre de 2019», que es el que motiva la clausura del aula.
"empatía" con las familias
En todo caso, Pérez Forniés ha trasladado su «empatía» a las familias afectadas, a quienes los anteriores gestores «mintieron, engañaron y utilizaron», les ha agradecido el tono y la actitud y se ha puesto a su disposición.
«Es nuestro firme propósito regularizar la situación de los alumnos que asistían al aula no autorizada de Caneto», ha subrayado.
Por último, ha dejado claro que el Gobierno de Aragón «está más que concienciado con la escuela rural y con todas las acciones que eviten la despoblación de nuestro entorno rural», pero ha advertido que «no así» porque «no todo vale».
Tras la comparecencia, la consejera va a mantener una reunión con el alcalde de La Fueva y los representantes de las familias que residen en Caneto para explicarles los motivos de la medida adoptada e «intentar solucionar el problema generado por la anterior administración» .
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