Archivo - Edificio de la sede de la televisión valenciana À Punt | Rober Solsona - Europa Press - Archivo

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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) convoca a la sociedad valenciana a sumarse a una concentración el próximo martes 28, a las 19 horas, frente al Palau de la Generalitat como «último responsable del destino de nuestra radio y televisión», con motivo del décimo aniversario del cierre de Canal 9.

«¡À Punt no se toca!» Queremos una radio y televisión públicas valencianas de calidad, con un presupuesto suficiente y sin intervencionismos«, reivindica la entidad tras mostrar »la preocupación de la sociedad valenciana por el futuro de nuestro medio de comunicación de referencia". A la concentración está invitado el comité de empresa de la radiotelevisión pública autonómica.

En un comunicado, ACPV denuncia «el ahogo económico y las amenazas que sufre À Punt» y reclama al Consell que retire «las medidas recientemente presentadas para alejar así el fantasma del cierre, como pasó en Canal 9», en alusión a las enmiendas presentadas por PP y Vox --socios de gobierno-- que reducen el presupuesto del ente y aumentan su representación en el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Todo ello cuando recuerda que «ahora hace diez años, el 29 de noviembre de 2013, el gobierno del PP presidido por Alberto Fabra cerró la radio y televisión públicas valencianas, decisión que provocó el rechazo de la sociedad valenciana y una extraordinaria movilización de denuncia».

Una decisión, lamenta, que supuso dejar a la Comunitat «sin su medio de información de proximidad y sin uno de sus principales instrumentos de promoción social de la lengua propia, además de atentar gravemente contra la industria audiovisual valenciana y los miles de puesto de trabajo que representa».

Con los años, expone Acció Cultural, el cambio de ciclo social y político permitió que la sociedad valenciana pudiera recuperare de «aquel triple golpe informativo, lingüístico y económico» y recuperar su radio y televisión públicas con À Punt.

"vuelven las amenazas"

Pero diez años después, advierte, «vuelven las amenazas»: «Los sindicatos del comité de empresa de À Punt (Intersindical, CCOO PV, UGT-PV y CSI·F) han venido denunciando desde los inicios el ahogo económico al cual está siendo sometida nuestra radiotelevisión pública valenciana».

«Una infrafinanciación que, lejos de mejorar, va camino de ser mucho peor con el nuevo gobierno --alerta--. De hecho, esta misma semana hemos conocido que PP y Vox han decidido bajar todavía más la compensación a À Punt, situándola por bajo el 0,3% del presupuesto autonómico no financiero. Una cifra que antes marcaba el mínimo de inversión por parte de la Generalitat y que, según el diputado de Vox José Mª Llanos, puede reducirse todavía más en próximos ejercicios».

Según ACPV, a este recorte se suma que À Punt será la única radiotelevisión autonómica de España que no estará apoyada presupuestariamente por su gobierno en el supuesto de que los tribunales fallen que tiene que de volver dinero de la liquidación de IVA, algo que afecta a todos los entes públicos españoles y por lo que la CVMC podría tener que desembolsar 11 millones de euros.

Ante esta situación, augura que «el ahogo económico tendrá un coste inmediato y directo sobre las empresas del sector audiovisual valenciano, que verán como el papel de motor del sector que significa la radio y televisión públicas quedará seriamente comprometido». «Sin presupuesto --señala--, habrá que reducir, o incluso eliminar, contrataciones y proyectos, recorte que afectará tanto al sector y a su capacidad de contratación a como la oferta de programación de À Punt en su conjunto».

Es más, Acció Cultural denuncia que el nuevo Consell «no solo pretende recortar la economía del ente, sino que mediante la ley de acompañamiento ha presentado propuesta de modificación para rebajar el quorum necesario con el que se eligen los miembros del Consell Rector, lo que le asegurará en la práctica dominar el contenido de À Punt como nunca había pasado hasta ahora». «Un grave riesgo para la independencia informativa», avisa.