La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha mostrado su «total rechazo» a la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y Junts, al suponer «una intromisión inaudita» en la labor judicial y «un ataque frontal a la separación de poderes». La declaración ha contado con el voto particular de su presidente, Iñaki Subijana, que defiende que un pronunciamiento sobre un acuerdo entre dos formaciones políticas excede las funciones atribuidas a este órgano por el marco normativo.
En un comunicado hecho público tras la reunión este viernes en comisión, el órgano de Gobierno de los jueces de Euskadi ha informado de que ha analizado la Ley de Amnistía acordada entre el PSOE y Junts para
«facilitar la investidura» del socialista Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.
La Sala de Gobierno del TSJPV ha aprobado por mayoría un texto en el que afirma que en el documento suscrito por el Partido Socialista y la formación catalana «se incluyen referencias al 'lawfare' o judicialización de la política' y sus consecuencias».
Por ello, muestra su «total rechazo» frente a lo que considera que
«supondría el final de la separación de poderes en un Estado de derecho que ha regido España y la vida de los ciudadanos y ciudadanas durante los últimos 45 años».
De esta forma, muestra su adhesión a los diferentes comunicados emitidos durante los últimos días desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otras Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia, las asociaciones judiciales y fiscales, y los Jueces Decanos de España.
"una intromisión inaudita"
«Las referencias en el documento político suscrito, que incluyen la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias para determinar situaciones de 'judicialización de la política' y las consecuencias derivadas de ello (acciones de responsabilidad y modificaciones legislativas), resultan una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del Poder Judicial», asevera.
En su opinión, «en un Estado democrático y de derecho en el que la acción del Poder Judicial es independiente y se rige única y exclusivamente al imperio de la Ley, tal como establece la Constitución Española, resultan inadmisibles iniciativas como la propuesta en el documento suscrito, y en última instancia un grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas».
Esta declaración ha sido aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra, el del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, quien ha formulado un voto particular, en el que muestra su discrepancia.
En este sentido, recuerda que en el debate de este asunto ya planteó que este órgano no debía adoptar "un pronunciamiento sobre el acuerdo
suscrito entre dos partidos políticos: el PSOE y Junts per Catalunya", al entender que excede las funciones que tiene atribuidas.
Para Subijana, «ninguna de las atribuciones» que les otorga el marco normativo contempla que la Sala de Gobierno pueda realizar «un pronunciamiento público sobre la valoración de un acuerdo entre dos partidos políticos, cualquiera que sea la consideración que merezca su contenido».
El magistrado apoya su aseveración en los artículos 152 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 4 y 5 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los Órganos de Gobierno de Tribunales, «para delimitar las funciones de gobierno de los Juzgados y Tribunales radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco».
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