CC.OO. ha advertido este lunes sobre la salud mental en los institutos de la Comunidad de Madrid, con más de 2.100 protocolos de conductas autolíticas con mayor riesgo de suicidio en los primeros tres meses del curso, con una media de siete protocolos abiertos por centro.
Así lo ha indicado la secretaria de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, durante la presentación del informe de salud mental del alumnado y del profesorado en Madrid, en el que lanza la voz de alarma ante «la emergencia sanitaria» que llega a los centros educativos, convirtiéndose en «emergencia educativa».
En los tres meses de arranque del curso escolar, además, el sindicato ha cuantificado en 5.000 las consultas para profesorado y personal educativo ante «situaciones en las que sienten ansiedad e incapacidad de atender lo que se les exige». «Los profesionales están absolutamente desarmados y en muchos casos se sienten absolutamente abandonados», ha denunciado Galvín, quien ha incidido en que esta problemática deriva en muchas ocasiones en violencia hacia el profesorado.
«Hay mucho sufrimiento en el alumnado», ha insistido la portavoz del sindicato, quien ha recalcado que se han abierto en los institutos madrileños de secundaria y bachillerato más de 2.100 protocolos de conductas autolíticas con mayor riesgo de suicidio.
«Hay institutos con 18, 19 y hasta 20 protocolos abiertos, con una media de 7 protocolos abiertos por centro», ha indicado Galvín, quien ha explicado que el curso pasado terminó con algo más de 1.800 protocolos abiertos, y según los datos que nos facilitan apenas se han cerrado el 10%".
Unos datos que hacen referencia a conductas autolíticas, ha explicado, pero a los que hay que añadir protocolo de adicciones, en el de acoso, en los expedientes disciplinarios y en otras situaciones para las que no hay protocolo como la ansiedad, las depresiones, la desmotivación, el abandono, el absentismo, o la objeción escolar.
En esta línea, ha recalcado que otra dificultad añadida es que el alumnado puede canalizar sus problemas de salud mental a través de conductas violentas. «Las conductas violentas, entre iguales, tienen esos protocolos, esa manera de intervenir, pero las conductas violentas hacia profesionales ni tanto hacia profesorado como a personal educativo no tiene establecido ningún protocolo. Los profesionales están absolutamente desarmados y en muchos casos se sienten absolutamente abandonados», ha advertido.
«Hemos de ir a los tribunales para defender a los profesionales. Los procesos judiciales son lentos y no todos los profesionales están en condiciones emocionales y profesionales de emprenderlos. Esto ha de cambiar y ha de ponerse en marcha un plan de actuación ante los riesgos psicosociales del profesorado y el personal educativo», ha reivindicado la portavoz.
En esta línea, Galvín ha advertido que esto riesgos tienen consecuencias directas en el bienestar profesional y personal del profesorado madrileño y, según datos del servicio de Salud Laboral del sindicato, se han duplicado las consultas en relación con el curso
pasado. En estos tres primeros meses de curso, ha advertido, se han recibido más de 5.000 consultas de profesorado y personal educativo.
Un plan para atajar la situación
Para hacer frente a esta situación, según ha expuesto Galvín, los centros educativos sólo cuentan en este momento con un protocolo y una guía. «Así, simplemente con papeles y con la sobrecarga a los equipos directivos, a los equipos de orientación y a los equipos docentes», se
queja la responsable sindical. «No hay psicólogos educativos en los centros y no hay psicólogos infanto-juveniles en los centros de salud».
Por contra, el sindicato ha puesto sobre la mesa un plan con medidas para atajar la situación por valor de 26,8 millones de euros, un 0,4% del presupuesto para 2024 y que beneficiaría la salud mental y emocional para 160.000 alumnos de Secundaria y algo más de 57.000 en Bachillerato. Además, ha recalcado, se podría llegar a toda Educación Infantil y Primaria para prevención y tendría un coste de 59 millones de euros, menos del 1% del presupuesto, para ampliar el número de enfermeras escolares en 75 y añadir 75 psicólogos escolares al programa.
Entre las medidas que contemplaría está la contratación directa por parte de la Consejería de 150 psicólogos y psicólogos educativos adscritos a las direcciones de área en un número proporcional al número de centros, al de alumnado y al número de protocolos abiertos.
«Estos profesionales serán los encargados del diagnóstico, la valoración de la gravedad y el riesgo, así como del seguimiento y la atención directa al alumnado, en coordinación con los servicios sanitarios», ha indicado.
Igualmente, el plan establece la generalización en los institutos de la figura del Profesor de Servicios a la Comunidad para ejercer la figura de Coordinación del Bienestar que recoge la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, lo que significa un total de 300 profesionales de este perfil. "Esta figura
tiene reguladas funciones específicas para estas situaciones de riesgo que sufre el alumnado motivadas por salud mental o emocional", ha apostillado.
Finalmente, para completar los equipos el plan considera imprescindible ampliar el número de enfermeras escolares en los centros en 75, además de reforzar la coordinación con los centros de salud.
En este sentido, la Federación de Enseñanza de CC.OO. solicitará a los grupos de la Asamblea de Madrid que lo incorporen al borrador de presupuestos para 2024 y que trabajen en un pacto por la salud mental y emocional de los menores, adolescentes y jóvenes madrileños.
Galvín ha recordado también un estudio conjunto de los Ministerios de Universidades y de Sanidad que constata que el 50% de los estudiantes universitarios ha sentido la necesidad de tener ayuda profesional para abordar su situación mental o emocional, y que el mismo porcentaje reconocía haber sentido ansiedad moderada o intensa.
Madrid no es una excepción
Durante el acto, el portavoz del sindicato Pablo García de Vicuña ha expuesto las conclusiones del informe «La salud mental en la educación», realizado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales y la Fundación 1º de Mayo de CCOO, para ilustrar además que Madrid no es una excepción.
Así, este estudio constata la «grave situación» que se vive en toda España en relación con este problema y la insuficiencia de las políticas públicas y de financiación para resolverlo. En este sentido, el Ministerio de Educación, FP y Deportes apenas dedica 5 millones de euros para repartir entre todas las comunidades autónomas, ha recordado García de Vicuña, coordinador del informe.
Por su lado, la secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Formación para el Empleo de CC.OO., Encarnación Pizarro, ha destacado la urgencia de que el Gobierno contribuya con las comunidades autónomas. «A las administraciones le pedimos recursos y que desarrollen protocolos y buenas prácticas de cómo tenemos que trabajar para cuidarnos entre todos y a las empresas les pedimos que faciliten la conciliación efectiva, no de boquilla. Y tiene que ser de manera urgente porque estamos en una situación de emergencia educativa», ha añadido.
Por ello, la Secretaría de Formación y Salud Laboral de la Federación Estatal de CC.OO. ha exigido que el Ministerio, en esta nueva etapa, ponga en marcha un plan integral para la salud mental del alumnado y del profesorado que esté dotado de la financiación suficiente y cuyos fondos sean finalistas.
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