En la toma de posesión se ha desarrollado este miércoles en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, el presidente les ha instado a defender los intereses de Aragón desde la independencia y el respeto a la ley .
Durante el nuevo mandato del Consejo Consultivo de Aragón, la presidencia la ostentará Xavier de Pedro y le acompañarán en el cometido cuatro hombres y cuatro mujeres, todos ellos destacados expertos en materia jurídica.
En concreto, son Gerardo García-Álvarez, Jesús Lacruz, Virginia Laguna, Gloria Melendo, Cristina Moreno, Ignacio Salvo, Fernando López Ramón y Cristina Sanromán. Azcón ha indicado durante su intervención que el Consejo Consultivo y sus funciones «están expresamente establecidos» en el artículo 58 de nuestro Estatuto de Autonomía.
«De acuerdo a ese precepto, el Consejo es el supremo órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la comunidad autónoma. De sus dictámenes e informes depende en gran medida el acierto, el buen gobierno y el correcto desarrollo de la acción ejecutiva de los diferentes entes públicos de Aragón», ha aseverado.
En este sentido, ha señalado que los aragoneses «conocen y aprecian» el valor del derecho y la ley como «garantía absoluta» de una convivencia en paz y libertad, respetuosa del pacto y los acuerdos.
«Podemos sentirnos orgullosos de ser herederos de una profunda tradición de jurisprudencia y juristas, que bebe en las mismas raíces del Aragón histórico», ha apuntado.
Tradición jurídica de aragón
Por ello, ha destacado «la reconocida tradición» en el mundo jurídico ha permitido contar con profesionales «de extraordinaria capacidad y contrastados méritos» para prestar servicio a los aragoneses en este Consejo Consultivo.
«Hoy, nueve juristas aragoneses de reconocidísimo prestigio y con una trayectoria intachable pasan a formar parte del supremo órgano consultivo de la comunidad autónoma. Nueve personas avaladas por una carrera profesional brillante, en distintos ámbitos del Derecho, marcada por el rigor, el criterio, la objetividad y el buen hacer», ha subrayado.
Azcón ha pedido a los nueve juristas que, en el ejercicio de su nuevo cometido, sean «imparciales, independientes y, por encima de todo, respetuosos con la ley».
A su juicio, su tarea va a ser fundamental en el proyecto de construcción de un Aragón más próspero, más justo, más vertebrado y, por supuesto, impulsor de la igualdad en todas sus formas.
De esta manera, ha considerado que «es preciso reiterar» la vigencia del Estatuto de Autonomía como herramienta fundamental para defender Aragón y para profundizar en la construcción colectiva de la nación española.
Jorge Azcón ha precisado que, por un lado, se encuentran territorios que exigen «unas prebendas del todo injustas e indudablemente dañinas» para España y, por otro lado, «enfrente se encuentran una mayoría de ciudadanos y de comunidades autónomas que, por el interés de unos pocos, van a quedar relegadas a un segundo plano».
Por ello, ha exigido a todas las instituciones estar con «altura de miras» y con la capacidad de trabajar desde el respeto al interés común. «Un interés común que siempre debe primar por encima de réditos personales y partidistas. Solo así avanzaremos como comunidad autónoma y como país», ha remarcado.
Presidente del consejo consultivo de aragón
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xabier de Pedro, ha concretado que el objetivo principal de la institución es ser útil para que el Gobierno autonómico cuente con ellos y que su labor sea reconocida por la sociedad aragonesa.
«Aprovecho este acto de toma de posición del Consejo Consultivo para pedirle al Gobierno que cuente con nosotros en los asuntos de trascendencia para Aragón y aquellos que son, también, importantes para los aragoneses. Porque nosotros estamos por la labor de colaborar y de ayudar», ha manifestado el nuevo presidente del Consejo.
También, se ha comprometido a que el Consejo tenga una actitud constructiva, de colaboración y de defensa del Estado de Derecho, «como no puede ser de otra manera».
Finalmente, ha declarado que espera cumplir los plazos de los dictámenes y, si hace falta, «acelerarlos si el interés del Gobierno lo requiere».
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