Codapa protesta ante los centros por una atención a la diversidad "para todo el alumnado": "Esto es solo el primer paso"

La presidenta de Codapa, Marina Jiménez, ha señalado, en un audio distribuido a los medios, que «están muy contentos» con la respuesta a esta convocatoria. «Nos están llegando imágenes de todos los centros educativos de Andalucía, incluso en institutos de Secundaria que han empezado desde las 8,15, donde se están desarrollando actos tanto a las puertas como dentro de los centros educativos».

Así, ha añadido que «esto es solamente el pistoletazo de salida de nuestras reivindicaciones», puesto que la atención a la diversidad «tiene que ser para todo el alumnado». «No se puede estar eligiendo entre el derecho a la educación y el derecho a la inclusión, así que creemos que esto es solo el primer paso», ha asegurado.

Codapa señalaba hace unos días que llamaba a este «tsunami azul» con tres reivindicaciones claras: un marco normativo que establezca una ratio por profesional de atención a la diversidad por alumno con necesidades especiales y de apoyo educativo; garantizar los recursos humanos y medios necesarios en todos los centros educativos atendiendo a las necesidades de los mismos; y la derogación del decreto que externaliza la atención del alumnado más vulnerable.

A través de un manifiesto, consultado por Europa Press, la Confederación apunta que el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo «lleva años siendo el gran olvidado del sistema educativo andaluz», y la realidad que viven junto a sus familias «no es más que la consecuencia del maltrato institucional que sufren a diario», con una oferta de plazas «claramente insuficiente», que provoca que los maestros de atención a la diversidad «sean compartidos entre varios centros educativos».

Además, continúa, las familias «se ven obligadas a matricular a sus hijos fuera de su zona porque en la suya no hay plaza en las aulas de específica», y con un decreto «de la vergüenza que relega la atención a la diversidad a un mera cuestión asistencial, convirtiendo la inclusión educativa y social en un servicio complementario, y que mantiene al personal de integración social externalizado y en una situación de absoluta precariedad».

En definitiva, «una vulneración sistemática de los derechos que les reconoce la ley andaluza de educación, y que no se hacen efectivos en la realidad por la falta de recurso materiales y humanos que les garantice una educación inclusiva en igualdad y diversidad», una situación «insostenible» que cada inicio de curso «se ve agravada por la inoperancia y negligencia» de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP.