El presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, ha señalado que «son los hechos, las decisiones y las políticas las que de verdad acaban impactando en la calidad de vida de las personas» y ha realzado que el convenio recoge las medidas consensuadas por ambas partes para «realizar las políticas públicas necesarias».
«Esas iniciativas tienen que suponer un avance de los derechos de los aragoneses con discapacidad en los próximos años», ha indicado Azcón, quien ha recalcado que se implicarán varias Consejerías del Ejecutivo, como las de Presidencia, Hacienda, Economía y Bienestar Social, que «van a tener una sensibilidad especial» con este colectivo.
El presidente del Gobierno regional ha hecho notar que el Presupuesto de 2024 «va a ser el más social en la historia de la Comunidad, con una inversión récord en políticas sociales, hasta 4.841 millones de euros», apuntando que el Presupuesto de Educación se incrementará en un 10,7 por ciento, el de Sanidad un 10,4 por ciento y el de Bienestar Social un 12,06 por ciento.
El IASS invertirá 90 millones de euros en atender la discapacidad, hasta 150 millones si se incluyen las políticas de atención a la dependencia, con 58 millones para concertar plazas en centros especializados y 16 millones para contratar profesionales, también para agilizar las listas de espera, especialmente en provincias como Huesca, con 11.000 aragoneses esperando una evaluación de su discapacidad.
También ha mencionado la inversión de 12 millones de euros en Educación para contratar auxiliares, enfermeros y otros profesionales sanitarios especializados para trabajar en centros educativos y 670.000 euros para facilitar la comunicación entre médicos y pacientes mediante la Inteligencia Artificial, así como otras medidas para facilitar la inserción laboral.
«Sois nuestro aliado más imprescindible para hacer posible que el día a día de miles de aragoneses sea más digno y justo», ha continuado Azcón, quien ha indicado que CERMI es una puerta de entrada al sistema público de servicios sociales. «Vuestro entusiasmo, impulso y perseverancia impulsan a la Administración».
Hoja de ruta
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha cifrado en 117.000 los aragoneses con discapacidad, con un 20 por ciento de hogares con un miembro con discapacidad, y ha dejado claro que el convenio es «una hoja de ruta que va a acercar la plena inclusión en el día a día» para «hacer de la sociedad un espacio más abierto, plural, diverso y accesible».
Ha afirmado que «los servicios sociales tienen que estar mejor conectados con el sistema educativo y sanitario para que la atención sea, de verdad, integral», apostando por dotar a estas políticas de más recursos humanos y técnicos.
También ha emplazado a mejorar el diálogo con el tercer sector y ha comentado que el Gobierno regional y CERMI crearán una comisión de seguimiento que se reunirá cada trimestre. «Aragón quiere situarse en la vanguardia de los derechos de las personas con discapacidad», ha dicho Susín, quien ha realzado que la ley autonómica aprobada por unanimidad por las Cortes para este sector ha permitido pasar de un modelo asistencial a otro de garantía de derechos.
Plan de acción integral
La presidenta de CERMI Aragón, Marta Valencia, ha destacado como objetivo prioritario el desarrollo de la ley autonómica para abordar estas políticas desde una perspectiva transversal y favorecer que los miembros de este colectivo vivan «en plenitud, de manera autónoma y libre».
Ha demandado la puesta en marcha de un plan de acción integral para las mujeres y niñas con discapacidad, el 60 por ciento de este colectivo, y ha apostado por «conseguir una sociedad más inclusiva, amable, justa y empática».
Durante el evento, varias personas pertenecientes a CERMI han dado lectura a un manifiesto en el que han reivindicado la pronta implantación de la tarjeta europea de las personas con discapacidad con validez en toda la UE.
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