La Comunidad de Madrid ha prorrogado otros ocho meses el funcionamiento de la oficina de atención a los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en la localidad de San Fernando, que en su primer año de vida ha realizado 800 atenciones.
En concreto, la Consejería de Vivienda, Transportes y Vivienda ha firmado esta semana la orden de declaración de urgencia y encargo a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) para la gestión de la oficina de atención al ciudadano en San Fernando de Henares para dar información a los afectados.
La oficina de atención al ciudadano abierta mediante Orden del 17 de febrero de 2023 ha atendido y gestionado las solicitudes de 800 personas hasta el 17 de octubre, fecha en la que finalizó el plazo de ejecución, según figura en la citada orden, consultada por Europa Press.
En concreto, en esta oficina, ubicada en la calle de Pablo Olavide nº 6, local 2, se ha asesorado a los vecinos en materias como consulta sobre daños en sus viviendas, solicitud de inspecciones, aportación de documentación, consulta sobre obras en ejecución y actuaciones previstas, solicitudes de administradores, visitas políticas, representantes vecinales, consulta sobre realojos y alquileres, notificaciones sobre reparación de desperfectos o problemas de suministros.
Actualmente, varios edificios han sido demolidos y se están llevando a cabo trabajos en las calles de La Presa, Virgen del Templo, Fuente del Trébol, Nazario Calonge, Rafael Alberti y el complejo dotacional El Pilar y hay 134 personas realojadas amparadas por las órdenes de emergencias.
El pasado el pasado mes de octubre el Consejo de Gobierno autorizó prorrogar hasta marzo del próximo año el abono de los gastos de alquiler, transporte y guardamuebles a 42 familias afectadas --cuyas viviendas se ubican en las calles Rafael Alberti 7; Pablo Olavide, 1,3,5,7,9 y 11 y Ventura Argumosa 20 A, B, C, D, E, F y G-- hasta la conclusión de los expedientes de responsabilidad patrimonial.
Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo se recuerda que los afectados solicitan información de su situación de manera continua y aporta documentación en la oficina de atención al ciudadano, al igual que aquellos que han de presentar documentación para la gestión de la Responsabilidad Patrimonial.
Así, se justifica que sigue existiendo la necesidad de seguir atendiendo y gestionando las solicitudes de los vecinos de la zona afectada y se remarca la necesidad de facilitar de manera inmediata la información necesaria a las personas afectadas.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico encarga a la empresa Tragsa la gestión de esta oficina de atención a afectados por importe de 171.949,52 euros, de los que 165.501,41 correspoden a 2024 y los 6.448,11 al presente ejercicio de 2023.
Este importe incluye el alquiler del local y los gastos derivados de su mantenimiento, así como aquello necesario para la prestación del servicio. En ella trabajará un Jefe de Proyecto a tiempo parcial (25%), así como dos empleados con experiencia en ejecución de obras de edificación y rehabilitación, otros dos oficiales administrativos y un analista programador para la implantación y mantenimiento de red y sistemas informáticos.
El periodo será de ocho meses y durante este periodo se facilitará información sobre la situación del terreno, las afecciones a las viviendas, los diferentes expedientes administrativos y las distintas actuaciones de la Comunidad de Madrid iniciadas o previstas, como consecuencia de
dichas afecciones.
También se facilitará información individualizada a los vecinos afectados sobre el desarrollo de las actuaciones que se están llevando a cabo respecto a su caso concreto y se recibirán las sugerencias e incidencias en las zonas afectadas.
La oficina estará abierta de lunes a viernes, en horario de 9 a 15 horas y de 16 a 18 horas, y los sábados, entre las 9 y las 15 horas.
Soluciones técnicas y sociales
En declaraciones a Europa Press, Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro, ha denunciado la política de parches que lleva adelante la Comunidad.
Desde el colectivo de afectados por las obras de ampliación del Metro se ha denunciado esta semana que la Comunidad de Madrid plantea llevar a cabo el apuntalamiento de un edificio de viviendas de cuatro plantas con daño estructural y 60 familias dentro ubicado en la calle Virgen del Templo.
Todo ello, según el portavoz, «con los vecinos y vecinas dentro, sin darles ninguna alternativa habitacional, sin ofrecerles ningún documento de seguridad a las obras y sin declararles oficialmente como afectados bajo los expedientes de responsabilidad patrimonial de forma jurídica».
Una actitud que, según Escribano, denota que la intención de la Comunidad de Madrid «es poner en el centro las soluciones técnicas pasando por encima de las necesidades de los vecinos y vecinas». «Soluciones técnicas que además no garantizan el fin del problema», ha apostillado.
En esta línea, el portavoz incidido en que las obras no sirven «para resolver el problema fundamental». «En los próximos años volveremos a ver de nuevo el problema en las viviendas de nuestros vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, a pesar de toda la inversión pública, que está yendo directamente al sumidero», ha lamentado.
En este sentido, ha explicado que tampoco se resuelve el problema social, el que afecta directamente a las familias, algo que pasa por poner dinero para medidas para la gente que lo necesita. «Estamos hablando de apoyo psicológico que no existe. Estamos hablando de apoyo a los pequeños comerciantes. Estamos hablando a los pequeños emprendedores de nuestro municipio», ha denunciado.
Echan en falta ayudas a comerciantes
En esta misma línea, ha censurado que la Comunidad no haya dado ninguna ayuda a los comerciantes ni haya contemplado otras muchas de las circunstancias por las que han tenido que pasar los vecinos. «Hablamos de la política de reconocimiento de los inmuebles que están afectados, el reconocimiento patrimonial, no solamente aquellas viviendas que van a ser derribadas, sino aquellas que tienen afecciones o que no tienen afecciones, pero su valor está devaluado en el mercado», ha explicado el portavoz, que también se ha referido a la «desaparecida» política de realojos.
«La problemática técnica y de las obras no ha resuelto, ni está resolviendo ahora mismo, ninguno de los problemas fundamentales de los vecinos afectados. Y con respecto a los que nos encontramos en la cuerda floja en este momento con los derribos y las demoliciones, las indemnizaciones que planten la Comunidad no permiten recuperar la vida que se ha perdido», ha explicado.
En este contexto, ha censurado que las familias tengan que seguir litigando con la Administración «para que se les dé lo mismo que tenían antes» por «una falta tremenda de voluntad política de la Comunidad de Madrid». «La Comunidad de Madrid, si quisiera, podría mirar a Cataluña, pero no para hacer críticas como suele hacer en la Asamblea de Madrid. Podría mirar a Cataluña para algo muy sencillo como es aprender», ha indicado en referencia a la solución para el barrio barcelonés del Carmel.
Por todo ello, ha subrayado que «la parte técnica no está sirviendo ni está sirviendo de efecto, pero es que la parte social, que es lo fundamental, está absolutamente desentendida». «Por eso, vamos a seguir movilizándonos para exigir que los presupuestos de la Comunidad de Madrid tengan un contenido social para las familias afectadas y para que se acabe ya la política de sadismo que está imprimiendo la Comunidad de Madrid sobre las víctimas que no tienen ninguna responsabilidad con lo que está pasando y sí el gobierno de esta comunidad», ha zanjado.
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