El cierre de la primera captación respondía al riego sin concesión de cuatro hectáreas de naranjos. Las otras dos restantes, pese a que en el momento de la inspección no estaban derivando agua, fueron precintadas, de acuerdo con el principio de prevención, por estar equipadas.
Sobre una cuarta captación en Alcolea del Río no se puedo actuar por oposición del usuario. En consecuencia, el organismo ha procedido a solicitar la oportuna autorización judicial de entrada. La orden de precinto cautelar estriba en el presunto riego irregular de 40 hectáreas de cítricos.
Estas medidas cautelares se llevan a cabo para proteger los recursos hídricos y garantizar los intereses generales, al amparo de lo establecido en el artículo 56 de la Lpacap y del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas para paliar los efectos de la sequía.
Concretamente, los trabajos citados responden a un plan de inspección específico que la Confederación está ejecutando contra el uso irregular de aguas subterráneas para el riego de cítricos que comenzó el pasado verano y ha continuado este año sobre una extensión de 1.088 hectáreas. Hasta el momento se han detectado 143 hectáreas sin derechos, 15 captaciones irregulares y dos balsas ilegales.
Para la ejecución de estas medidas, el organismo de cuenca está contando con la colaboración del Seprona de la Guardia Civil, que ha puesto a disposición de la CHG los efectivos y medios necesarios para efectuar los trabajos.
El sellado de sondeos de la Vega de Sevilla viene a sumarse al centenar de medidas cautelares que la Confederación está ejecutando en el marco de los planes de inspección y vigilancia que ha desarrollado a lo largo de esta campaña de riego y que ha dado como resultado la detección de 1.904 hectáreas de riego ilegal. Estas inspecciones generaron 153 expedientes sancionadores y la ejecución subsidiaria de cierre para 100 pozos y 17 balsas.
Estas actuaciones específicas se suman a las propias que realiza la Comisaría de Aguas del Organismo para la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico destinadas a garantizar los recursos hídricos y los intereses generales.
El conjunto total de operaciones ha dado lugar en lo que llevamos de año a 1.500 informes de valoración de daños al DPH por un importe de cuatro millones de euros.
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